Ante el reto de diseñar un modelo de tutela colectiva de manos de la Directiva (UE) 2020/1828

Recientemente el Ministerio de Justicia ha sometido a consulta pública la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las, así llamadas, acciones de representación. Con ello se da un primer paso para acomodar nuestro ordenamiento a los dictados de la Unión, pero también para que todos, académicos y prácticos, aunemos esfuerzos en diseñar un nuevo modelo de tutela colectiva que supere las deficiencias del actual. En el diseño, desde luego, habrá que tener en cuenta las disposiciones europeas, pero también —y sobre todo— el espíritu que las anima: fomentar la eficiencia judicial, franquear el acceso a la Justicia y poner freno a las demandas fraudulentas o abusivas. Este será el reto en términos generales. Obviamente superar este reto requerirá afrontar otros más específicos y ligados en su mayoría a las exigencias y posibilidades que se abren de manos de la Directiva 2020/1828. El objeto de este trabajo es, justamente, precisar cuáles son estos retos y cuáles, en su caso, las opciones que se presentan a nivel normativo. Y aún tiene este otro propósito: apuntar propuestas concretas que sirvan de estímulo a la reflexión y al debate.