Crisis política e inadecuación del estado para enfrentar los desafíos del desarrollo regional

En Chile, se ha iniciado en la última década, una crisis política que integra dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales sin parangón en los últimos 30 años. Ello no es más que el resultado de variables convergentes que la constituyen con estímulos provenientes de la globalización de las relaciones internacionales y otras de naturaleza interna relacionadas con el agotamiento del modelo de negocios y del desarrollo político y social implementado. La crisis de la formación social chilena se expresa en el actuar de los movimientos sociales y ciudadanos que cuestionan el orden establecido demandando un cambio de la constitución política y leyes orgánicas constitucionales, término del sistema de las AFP y la conformación de un nuevo sistema previsional, reforma de la salud privada y el mejoramiento sustancial de la salud pública, así como el término de la mercantilización extrema de la educación y la precariedad laboral. Ello es signo de un agotamiento del modelo político y económico al interior de un marco general, en el cual, el centralismo renta sobre las espaldas de los territorios con una desigual distribución de la riqueza sustentado en un sistema presidencialista que favorece arbitrariamente a la región metropolitana. La reforma del Estado requiere transferir competencias y recursos materiales para la democratización espacial del país y abrir paso a la conformación de Estados regionales autónomos que se aboquen a la integración de sus territorios, a la instauración de una democracia plena y a la satisfacción de las necesidades humanas locales.Este estudio se pregunta por las causas y la naturaleza de la crisis política por la cual atraviesa el país. Como hipótesis; establece que el ascenso de los movimientos sociales obedece a las reivindicaciones que no han sido satisfechas por el Estado y la gestión gubernamental. Concluye que la causa de esta crisis, está enraizada en el cuestionamiento general a la naturaleza de la Constitución, al rol centralizado del Estado y a la incapacidad de la élite política de asumir las transformaciones estructurales necesarias y suficientes desde el interior del parlamento. Por ello, delinea propuestas para el establecimiento de un nuevo sistema político que integre la democracia social vinculante y y la creación de Estados regionales autónomos que aborden la tarea del desarrollo integral.