El Estado garante de protección de derechos frente a la ineficacia de los sistemas penitenciarios de México y Colombia

El Estado constitucional de derechos busca como principal objetivo la paz y el bienestar social, además de brindar los mecanismos necesarios para garantizarles a todos los miembros de la sociedad el pleno uso de sus derechos fundamentales y la seguridad jurídica necesaria para no vulnerar en ningún momento el goce de dichas facultades. El derecho penitenciario debe ser visto hoy en día más como aquella facultad sancionadora del Estado, que es, entre otras cosas, la posibilidad del saneamiento social y de la implementación de políticas públicas que acerquen o, mejor dicho, terminen con la “brecha” entre la pena y su ejecución. El Estado ya no puede tan solo crear leyes cada vez más duras para inhibir conductas antisociales y antijurídicas, tiene además que concebir los mecanismos para que aquellos sujetos que en estricto apego a la ley penal hayan cumplido con esa sanción tengan la posibilidad de “reinsertarse adecuadamente a la sociedad”, no solo en un afán garantista, sino como la única forma de prevenir nuevas conductas delictivas.