Indigenizando la reconciliación: reflexiones acerca de la jurisdicción aplicable a combatientes indígenas en zonas de postconflicto. Un argumento a favor de los sistemas tradicionales de justicia

Las comunidades indígenas alrededor del mundo se enfrentan a múltiples vulnerabilidades que se exacerban en contextos de conflictos armados. Los miembros de los pueblos indígenas son golpeados por el flagelo del conflicto desde dos perspectivas. Por un lado, son víctimas de crímenes y violaciones a sus derechos humanos, mientras por el otro, la armonía comunitaria se ve afectada por individuos indígenas que por decisión o reclutamiento forzado se convierten en victimarios, afectando en muchas ocasiones a su propia comunidad. El presente artículo pretende analizar la eficacia de los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas, para aplicar responsabilidades penales a personas indígenas que cometen crímenes que se encuentran bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (como los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), durante conflictos armados internos. En el documento se analiza si los objetivos de aplicación efectiva de la justicia del derecho penal internacional son cumplidos al utilizarse sistemas de justicia tradicionales diferentes a las jurisdicciones nacionales e internacionales reconocidas desde las perspectivas de la justicia occidental. Para ello se analiza el marco normativo internacional que avala los sistemas consuetudinarios indígenas de justicia, se exploran diferentes nociones de justicia y  responsabilidad penal de comunidades indígenas alrededor del mundo, y se estudian diversas jurisdicciones indígenas en Latinoamérica en virtud del pluralismo jurídico, realizando un especial énfasis en el caso colombiano. Luego, se analizan los objetivos de la jurisdicción penal internacional, y finalmente, se analiza la posible articulación de sistemas jurídicos indígenas en cumplimiento de los parámetros internacionales de responsabilidad penal. El artículo concluye que la justicia tradicional impartida por las comunidades indígenas puede ser compatible con las normas internacionales de responsabilidad penal, siempre y cuando se encuentren en armonía con los principios de responsabilidad adoptados por la Corte Penal Internacional, y el cumplimiento de los parámetros de derechos humanos relativos a la aplicación efectiva de la justicia y el debido proceso.