Vicente Bellver Capella, Federico De Montalvo Jääskeläinen
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En ambas regiones del mundo existe una amplia coincidencia en varios aspectos: la competencia para acordar la obligatoriedad de las vacunas corresponde a los estados; esa obligatoriedad resulta respetuosa con los derechos de los ciudadanos cuando se adopta bajo determinadas circunstancias: riesgo grave de pandemia, existencia de vacunas eficaces y seguras, y ausencia de medidas alternativas menos invasivas.\nLas normas que establecen la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19 se enmarca en el conjunto de las políticas públicas sobre vacunas que se han impulsado tanto a nivel estatal como de los organismos intergubernamentales. No se puede entender completamente el alcance de esas normas que obligan a los ciudadanos a recibir la vacuna si no ampliamos previamente el foco de atención y ofrecemos una panorámica de todas las cuestiones controvertidas que ha traído consigo el proceso de desarrollo, autorización, producción, priorización, distribución e información sobre esta vacuna. En cada una de estas cuestiones los estados han ido adoptando distintas posiciones, y frecuentemente lo han hecho con el propósito de reforzar su posición de poder en el contexto internacional. Como en tantas otras ocasiones, los principales actores estatales han sido Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. 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Sobre la obligatoriedad de las vacunas en tiempos de covid-19: aproximación contextual y análisis desde el Derecho y las políticas comparadas
El trabajo se centra en el estudio de la fundamentación jurídica de las normas que, en Estados Unidos y en los países miembros del Consejo de Europa, establecen la obligatoriedad de las vacunas contra la Covid-19 en determinadas circunstancias o para determinados colectivos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la sentencia Jacobson (1905), y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, singularmente la reciente sentencia Vavricka contra la República Checa (2020), es objeto de particular estudio. En ambas regiones del mundo existe una amplia coincidencia en varios aspectos: la competencia para acordar la obligatoriedad de las vacunas corresponde a los estados; esa obligatoriedad resulta respetuosa con los derechos de los ciudadanos cuando se adopta bajo determinadas circunstancias: riesgo grave de pandemia, existencia de vacunas eficaces y seguras, y ausencia de medidas alternativas menos invasivas.
Las normas que establecen la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19 se enmarca en el conjunto de las políticas públicas sobre vacunas que se han impulsado tanto a nivel estatal como de los organismos intergubernamentales. No se puede entender completamente el alcance de esas normas que obligan a los ciudadanos a recibir la vacuna si no ampliamos previamente el foco de atención y ofrecemos una panorámica de todas las cuestiones controvertidas que ha traído consigo el proceso de desarrollo, autorización, producción, priorización, distribución e información sobre esta vacuna. En cada una de estas cuestiones los estados han ido adoptando distintas posiciones, y frecuentemente lo han hecho con el propósito de reforzar su posición de poder en el contexto internacional. Como en tantas otras ocasiones, los principales actores estatales han sido Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. La aproximación somera a dichas controversias nos ilustra acerca del papel crucial que las vacunas contra la Covid-19 han tenido y siguen teniendo en las relaciones internacionales: han servido por igual para tejer redes de colaboración, reforzar rivalidades y mantener desigualdades flagrantes.