La alimentación como derecho humano y sus vínculos con las políticas económicas en Venezuela: de la I República al Socialismo del Siglo XXI

El de la alimentación es un derecho humano incluyente, según el cual toda persona debería acceder a una ingesta de todos los elementos nutritivos que requiere para vivir una vida sana y activa, así como a los medios para materializarlo. Es responsabilidad de los Estados, mediante las políticas y medios a su alcance, actuar y velar por la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. En el caso venezolano, una nación rural y exportadora agrícola hasta entrada la década de 1930, diversas corrientes ideológicas e intereses delinearon las distintas políticas implementadas desde la conformación del Estado-nación iniciada en 1830 hasta el presente, entre ellas las orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales. En este escenario, el artículo tiene como objetivos: i) realizar un inventario de las principales políticas de carácter económico general y sectoriales agrícolas/agroalimentarias implementadas por los distintos gobiernos a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, con énfasis en el período 2013-2021; y, ii) sobre esta base, discutir cómo han contribuido para garantizar el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos. Metodológicamente se sigue un enfoque histórico-económico para el examen de las principales políticas, sustentado también desde la teoría y las evidencias empíricas. Se revisaron, catalogaron y contrastaron diversas fuentes secundarias de información, tanto bibliográficas como hemerográficas, así como información económico-financiera de algunas fuentes oficiales o privadas cuando estaban disponibles. Los principales hallazgos dan cuenta que durante los primeros años del Socialismo del siglo XXI hubo importantes avances en cuanto a reivindicaciones sociales para el conjunto de la población, que se tradujeron en mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional y que coadyuvaron a reducir la pobreza. No obstante, factores de ocurrencia más reciente –tales como la merma de la actividad económica petrolera exportadora, la profundización del sesgo estatista-rentista de los gobiernos, el auge de una cultura rentista y la creciente y generalizada corrupción, entre otros–, han devenido en una severa crisis económica en general, y alimentaria en particular, cuyas consecuencias más visibles han sido el empobrecimiento general, una emigración sin precedentes y una crisis alimentaria y nutricional, cuya magnitud y consecuencias aún no se pueden precisar. El balance efectuado evidencia la insuficiencia del nuevo marco jurídico e institucional y la incapacidad del Sistema Alimentario Venezolano actual para cumplir con las condiciones de disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente, culturalmente aceptables y acceso sostenible, que permitan al conjunto de la población materializar el derecho a una alimentación adecuada.