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Abstract
Cuando en abril de 2009 entraba en vigencia la ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado extendía un poder significativo al ciudadano y ciudadana común. La nueva norma buscaba resguardar el principio de publicidad de los organismos públicos y el derecho de las personas a informarse del funcionamiento de los mismos, de modo de reforzar el rol fiscalizador de la ciudadanía y evitar así actos de corrupción y abusos de poder. Continuar leyendo...
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