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Abstract
El objetivo del artículo es analizar la fractura hidráulica (fracking) en el contexto de la política energética derivada de la reforma constitucional de 2013. En tal sentido, se documentan las antinomias jurídicas y los impactos socio-ambientales que dicha técnica genera, a partir de una revisión crítica de literatura. El marco legal energético se examina a la luz del modelo oficial sobre los usos del agua y del principio precautorio, dos elementos coyunturales relacionados con la extracción de hidrocarburos no convencionales. Se concluye que la reglamentación explícita del fracking generó desajustes, aún no resueltos, en el orden jurídico nacional.