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Abstract
El accidente del buque Prestige, acaecido en aguas jurisdiccionales españolas hace ahora poco más de 20 años, ha dejado una larga estela de litigios, tanto judiciales como arbitrales. Una parte importante de las controversias generadas por el suceso se refiere la compensación de los daños causados por la contaminación provocada por los hidrocarburos transportados a bordo del buque. En el episodio más reciente de estas secuelas litigiosas, la High Court of Justice de Inglaterra y Gales deniega el reconocimiento del auto de ejecución dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña en 2019, que obliga al asegurador del propietario del buque (el London Club) a pagar daños por encima del límite previsto en la normativa marítima internacional. La sentencia inglesa fue emitida tras una cuestión prejudicial elevada por el juez nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La High Court decide apartándose del criterio interpretativo del TJUE y rechazando su carácter vinculante, al enfocar el efecto de dicho pronunciamiento desde una perspectiva jurisdiccional, en lugar de como una cuestión de fondo.