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Abstract
La reforma electoral de 2022-2023 —el “Plan B” del presidente López Obrador— pretendía transformar profundamente el sistema electoral mexicano. Por sus múltiples problemas de inconstitucionalidad, fue controvertida y eventualmente invalidada en su totalidad por la Suprema Corte. Se ha dicho que esta decisión muestra cómo las instituciones y contrapesos han frenado el retroceso democrático en México. Sin embargo, la Corte anuló esta reforma exclusivamente por violaciones al procedimiento legislativo y no analizó ninguno de los aspectos sustantivos del Plan B. Consecuentemente, después de 2024, se podrían aprobar reformas similares o idénticas. Este artículo muestra que la decisión de la Corte brindó una solución contundente de cara a las elecciones de 2024, pero constituyó un precedente acotado para futuras reformas.
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