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Abstract
En medios, generalmente oficiales, relacionados con la justicia penal, reina cierto entusiasmo por la aplicación de la inteligencia artificial al tratamiento de las causas penales, como medio de agilizar y asegurar la igualdad de su tratamiento y de abaratar sus costes. Pero lo cierto es que, como diversos autores e instancias han hecho observar, la aplicación de aquella, fundada en el tratamiento estandarizado y masivo de datos, no exentos de sesgos, presenta graves riesgos para los derechos de los afectados. Más, cuando el proceso criminal vigente en nuestros países, está aquejado de un serio déficit en el plano de las garantías procesales.