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Abstract
El pago de comisiones para disfrutar de posiciones privilegiadas en procesos de licitación, el pago de sumas de dinero para obtener o agilizar autorizaciones o para obviar algunos requisitos; o incluso la contratación de obras que nunca llegan a ejecutarse o se ejecutan solo de manera incompleta, son algunas de las múltiples situaciones de corrupción vinculadas a la contratación y que, en definitiva, pueden obstaculizar el cumplimiento de los fines del Estado en la búsqueda y garantía del bien común. Por tal razón, la corrupción se ha convertido en una constante preocupación para los Estados, que se han ocupado, por una parte, de establecer como tipo penal las diversas conductas que pueden calificarse como actos de corrupción, tal como ocurre con el peculado, el soborno o la colusión; y, por otra parte, han establecido normas para prevenirla, disponiendo obligaciones de transparencia en sus diversas actuaciones y que, en materia contractual, se traducen en el establecimiento de controles precontractuales. En este trabajo, con una mitrada comparatista, queremos explorar el rol que puede jugar el Derecho de los contratos en la prevención y sanción de la corrupción.