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Abstract
La mayoría de los conflictos que se producen en el interior de los partidos políticos derivan del difícil equilibrio entre la garantía del pluralismo y el mantenimiento de la cohesión interna. El presente trabajo expone la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión: una doctrina que, inicialmente, partía de una posición favorable al derecho de autoorganización de los partidos, pero que ha avanzado hacia una mejor protección de los derechos fundamentales de los afiliados. A partir del análisis de la reciente STS 412/2020, se comprueba cómo la aplicación de esta doctrina permite corregir los excesos en el ejercicio de la potestad disciplinaria; ahora bien, es posible limitar aún más el margen de autonomía de los partidos para elevar el estándar de protección jurídica del afiliado y conseguir organizaciones más plurales y participativas en consonancia con el mandato constitucional de estructura interna y funcionamiento democráticos.