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Abstract
En el presente trabajo se analiza el encaje del sistema universal de protección de los derechos sociales y, especialmente, de su mecanismo de comunicaciones individuales, en el ordenamiento jurídico español. Para ello, se pone el foco tanto en la naturaleza jurídica de su órgano supervisor, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la eficacia de sus resoluciones. Además, al hilo de un dictamen en el que se declara una violación del derecho a la vivienda por parte de España, se estudian los límites del control de convencionalidad en esta materia y la posible virtualidad del mandato hermenéutico contenido en el art. 10.2 CE sobre los principios rectores de la política social y económica.