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Abstract
Este artículo analiza la problemática electoral en torno a la desconfianza en las elecciones en México, y sus consecuencias. En este sentido se ofrece una solución desde la responsabilidad política que permita transitar de un sistema de persecución penal a uno de responsabilidad política de los ilícitos electorales. El diseño constitucional actual no es viable para lograr este cometido, por lo que el artículo propone que sea el poder judicial el que investigue las conductas ilícitas en la materia, a semejanza de la investigación de violaciones del voto público (artículo 97 constitucional), ya desaparecido, por el cual los fraudes pueden ser investigados por jueces o magistra dos electorales y le dictaría la sentencia privando del cargo al alto funcionario e inhabilitándole.