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Abstract
El presente artículo tiene como objetivo conocer la efectividad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, cuyo eje central es la presunción de inocencia. La reforma es un mecanismo que permitiría el avance en la reducción de la población penitenciaria. Teniendo en consideración las anteriores modificaciones al modelo de justicia penal y la opción del país por el sistema acusatorio, la necesidad de apostar por el garantismo se convirtió en una decisión alentadora en un contexto nacional donde la vulneración de los derechos humanos y especialmente de los de las personas privadas de la libertad, sigue siendo un asunto aún por resolver. Así mismo, en el presente texto se aplicó la metodología del análisis de las cifras de personas privadas de la libertad de manera preventiva en los Estados de la República mexicana y en la Ciudad de México; el objetivo del análisis fue conocer, de manera certera, si se incrementó o no el número de personas en prisión como estaba previsto. Por lo tanto, se trae a discusión la necesaria consideración de la problemática de seguridad pública que se vive desde hace más de una década, la cual es un asunto que no termina de zanjarse y, aunque en algunas zonas se redujo, en otras se ha avivado. Es urgente que el Estado mexicano afronte la problemática carcelaria mediante salarios dignos, el tratamiento de las adicciones y la atención de la falta de oportunidades, entre muchas otras cuestiones.