Razones para un pacto educativo en España en el marco de una administración descentralizada

En las últimas décadas, cada vez que un nuevo partido político llega al gobierno de Es­paña, directamente se deroga en todo o en par­te la ley educativa promulgada por el gobierno anterior y, casi al mismo tiempo, se vuelve a hablar de un pacto por la educación. No obs­tante, a diferencia de la ley, el pacto nunca llega a materializarse, lo que provoca desencuentros en la clase política y grandes frustraciones en­tre los miembros de la comunidad educativa. Entre las dificultades que impiden alcan­zar un pacto se han citado motivos de carácter ideológico y político, pero también se ha culpa­do al modelo de administración educativa, in­dicando que interfiere negativamente porque su carácter descentralizado entorpece para que haya unidad en materia de educación. Este artículo muestra algunas de sus fortale­zas y las reivindica como buenas intercesoras para alcanzar un pacto educativo en nuestro país. En torno a él, cada comunidad autónoma debe cumplir unos objetivos mínimos, como paso intermedio para corregir los datos globa­les. Entre las razones que motivan un pacto educativo priorizamos las siguientes: dismi­nuir las cifras de abandono escolar, mejorar los datos de estudiantes en formación profesional, reforzar las cifras relacionadas con el gasto en educación y, en torno al profesorado, fortalecer los procesos de selección para acceder a la ca­rrera, así como la consideración social de esta profesión. Si reducimos las diferencias territo­riales mejorando los indicadores educativos, parece más probable que podamos alcanzar un consenso, antesala de un pacto por la educa­ción.