Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la transición

Hace tiempo que existe en España un debate sobre si la transición estuvo basada en el olvido y el silencio respecto a la guerra civil y el franquismo o si, por el contrario, hubo un interés manifiesto por ambos asuntos que se vio reflejado en multitud de publicaciones. No hay duda de que el pasado bélico —mucho más que el dictatorial— estuvo presente de diversas maneras en la transición, e incluso se ha constatado que los pioneros de las reivindicaciones de lo que luego se denominó memoria histórica surgieron, precisamente, entonces. Pero lo que aquí se expone es que las acciones encaminadas a reivindicar el recuerdo de las víctimas del franquismo se produjeron, casi exclusivamente, en el ámbito local, y fueron impulsadas por familiares de los fusilados por la dictadura o, en su caso, autoridades municipales en colaboración con estos; casi nunca contaron con el respaldo de las dirigencias regionales —y menos aún nacionales— de los principales partidos y sindicatos de izquierdas. También se subraya que quienes comenzaron a desbrozar este camino tuvieron que afrontar múltiples dificultades e, incluso, en ocasiones asumir algunos riesgos, así como lidiar con una serie de actores aún poderosos que se resistían a la democratización tanto del país como del relato histórico preexistente. Para demostrar estas afirmaciones partimos del caso de Torremejía (Badajoz), cuyo primer alcalde democrático fue objeto de una causa penal por haber ayudado a los vecinos de su localidad a trasladar los restos de los fusilados por los franquistas desde la fosa común al cementerio del pueblo. Hemos accedido, por vez primera, al expediente judicial, a testimonios directos y al archivo municipal. La importancia de este caso trasciende con creces lo meramente local y sirve para ilustrar tanto las posibilidades como los límites de la transición.