La protección al whistleblower: retos para la implementación en España.

La trasposición de la Directiva europea 2019/1937, sobre protección a las personas que denuncian incumplimientos del derecho de la Unión, aunque recoge en su articulado las mejores prácticas internacionales, supone un reto de implementación enorme. El artículo trata de explicar las más importantes demandas organizativas, financieras y de gobernanza que genera su implantación. Con ello, se recupera el foco en la implementación de políticas como un área que merece la atención de las policy sciences. En este estudio de caso, basado en experiencia empírica internacional y en encuestas propias, se demuestra que, a pesar de las normas, para alcanzar un mínimo éxito en la protección al alertador, es preciso considerar variables como la complejidad del tema, la multiplicidad de actores, la amplitud de las posibles demandas, la dualidad de sistemas internos y externos, públicos y privados, y la heterogeneidad de espacios de protección y sanción.