Políticas y prácticas de ordenamiento territorial en América Latina

Abstract

En América Latina, las políticas de ordenamiento territorial (OT) se han revalorizado de manera paulatina desde los años ochenta junto con otros procesos de planificación del desarrollo. La inclusión de la perspectiva geográfica en la planeación buscaba revertir inequidades estructurales, reducir conflictos en el uso y ocupación del suelo, impulsar la conservación ambiental, orientar el crecimiento urbano y corregir los desequilibrios territoriales que afectan la competitividad sistémica y la cohesión social (Buitelaar et al., 2015; Montes-Lira, 2001; Massiris, 2006; Irazábal, 2009) y que de forma creciente está adquiriendo la atención de analistas y de tomadores de decisión. La implementación de políticas nacionales que propicien la convergencia territorial y que logren un desarrollo territorial equilibrado, sustentable e incluyente, se hace cada vez más necesario para el progreso de los países. El nuevo interés por la dimensión territorial del desarrollo a nivel de las agendas nacionales, visible con mayor nitidez desde comienzos de los 2000, tiene como fundamento un conjunto de factores objetivos que han emergido en la última década y que requieren de una aproximación territorial más explícita desde el nivel nacional de las políticas públicas. Entre ellos pueden mencionarse los desafíos en materia de desigualdades sociales, de competitividad territorial y de sustentabilidad ambiental. Es con este propósito que EUROsociAL, en conjunto con el ILPES, se encuentran trabajando en la sistematización y análisis del estado actual de las estrategias, planes o políticas nacionales de desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, con el propósito de colaborar con los países de la región en sus procesos de diálogo y cooperación sur-sur y de cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Para estos efectos se elaboraron un conjunto de estudios que abordaron dos grandes temas: a. En este escenario, la gestión del territorio pasó a ser un elemento clave de la política pública para la gobernanza pluritemporal, multiescalar e intersectorial del desarrollo (Máttar & Cuervo 2017).