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Abstract
Si entendemos a las políticas educativas como un caso específico de las políticas públicas, vamos a encontrar en ellas el mismo problema de la definición conceptual, tan recurrente en las ciencias sociales. Hablando de las definiciones de políticas públicas, Velázquez (2009) presenta hasta 30, las cuáles se pueden agrupar en dos polos, las de naturaleza normativa, que plantean como elemento central la búsqueda del bien común, y las de tendencia positiva, entre las que identificamos a las que ponen el acento en los requisitos o condiciones mínimas para asumir el carácter público y aquellas que lo hacen en el lugar donde reside el poder (Calvillo, Cansino y Molina, 2017: 245,246).