Alejandro Delint García, Luis G Sánchez-Caballero Rigalt
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Abstract
El Estado se encuentra obligado a la promoción y protección de los derechos humanos en su integralidad, sin que corresponda hacer distinciones entre los derechos sociales, derechos civiles y políticos. Recientemente, los derechos que se discuten en los tribunales de justicia, los actores que promueven estas acciones, los intereses que se representan, los procedimientos que se siguen y las decisiones que se adoptan, revelan una evolución promisoria hacia la configuración de un compromiso con el acceso a la justicia de los grupos más desaventajados, garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos.