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Abstract
Los avances que debe realizar la justicia salvadoreña son retadores, ya que no solo significan el salvaguardar los principios constitucionales, sino que, además, estos retos son de carácter tecnológico. La misma sociedad de la información va reclamando de manera apremiante el implementar las nuevas tecnologías en todas nuestras actividades diarias, y la justicia no puede atrasarse más en este avance tecnológico. Existen líneas claramente identificables sobre el progreso que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha considerado sobre la modernización o digitalización de sus sistemas. Pero tal impulso de progresión no puede quedarse únicamente como una respuesta a la forma de solucionar la problemática de trabajo por el COVID-19, sino que debe dirigirse a modernizar su sistema de justicia, actualizando la atribución de una "pronta y cumplida justicia", como lo manda la Constitución.