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Abstract
El acceso a los fondos documentales de la represión del Régimen franquista ha estado en nuestro país plagado de obstáculos legales y materiales, que la Ley 52/2007 de Memoria Histórica no supo (o quiso) allanar. Por su parte, la nueva Ley 20/2022 de Memoria Democrática, si bien es continuista en algunas cuestiones, en otras contiene novedades significativas derivadas, principalmente, del reconocimiento del derecho a la verdad, no solo a las víctimas, sino a la sociedad general, con consecuencias directas en relación con la actividad de investigación histórica.