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Abstract
Desde una perspectiva política, las agencias de garantía de calidad de la educación superior (AGC) juegan un papel crucial en la dinámica y las tensiones de poder entre el Estado y las universidades: en prácticamente todo el mundo es proverbial la existencia de una relación de tensión entre las universidades –que defienden su autonomía– y el Estado, que no solo financia a las públicas, a las que exige que rindan cuentas, sino que quiere garantizar que la educación superior sirva a los intereses nacionales, protegiendo, además, los derechos de los estudiantes y sus familias. En esta tensión entre autonomía y control, las AGC pueden llegar a desempeñar una importante función de mediación. A pesar de las notables diferencias entre los modelos existentes de AGC, parece existir una cierta convergencia en las críticas que podría deberse a una inevitable crisis de madurez: ahora que, por fin, las AGC se han consolidado parece llegado el momento de reconsiderar su eficiencia como mecanismo participativo de regulación. Las críticas, internacionalmente, se concentran en torno a tres ejes: la independencia política, la rendición de cuentas y la necesidad de un mayor énfasis en los resultados de aprendizaje. Las tres son examinadas, al tiempo que se ofrecen algunas pistas para la redefinición de las AGC.