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Abstract
Partiendo de una breve reseña del estado de situación de los sistemas judiciales en el contexto de la pandemia de la Covid 19, se analiza el impacto de la utilización masiva de la videoconferencia en el proceso penal. Se destaca la experiencia en los países anglosajones sobre el uso de la telepresencia y se abordan algunas posiciones jurisprudenciales relevantes sobre la constitucionalidad de las audiencias virtuales. Se exponen las ventajas y desventajas de la utilización de la videotecnología apuntadas por la escasa investigación empirica existente, y se analiza la posible afectación de las garantías judiciales mínimas de los acusados.