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Abstract
El Estado argentino ha participado de múltiples maneras en la promoción de la vitivinicultura argentina, entendida tanto como políticas de apoyo a la innovación, la competitividad y la inversión, como intervención en los mercados para sostener precios remunerativos para algunos de sus actores, según la extensión del concepto adoptado por la Ley General de Vinos 14.878 / 1959.El presente artículo estudia cómo se implementó la promoción de esta agroindustria desde el Estado a partir de la sanción de esa ley hasta la actualidad, identificando qué organizaciones asumieron tareas que intentarían generar beneficios para un conjunto de agentes, aunque también podrían perjudicar a otros y por lo tanto ser cuestionadas por ellos. La definición y la extensión del concepto y la distribución de tareas entre organizaciones estatales o mixtas generaron disputas a lo largo de las décadas. La metodología es cualitativa y se centra en el análisis de bibliografía especializada y de entrevistas a actores claves.