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Abstract
Este trabajo examina la potestad dictaminante de la Contraloría General de la República como un foro de resolución de disputas entre la Administración y los particulares. Se examinan cuatro características de esta potestad que permiten evaluarla como una alternativa al control judicial. Primero, se discute su especial combinación de imparcialidad y expertise. Segundo, se analizan los menores obstáculos para el acceso a tutela jurídica frente a actuación administrativa potencialmente antijurídica. Tercero, se considera el empleo de procedimientos de toma de decisión más flexibles e informales que los tribunales de justicia. Y, por último, se examina el débil carácter final de los dictámenes de la Contraloría que no son vinculantes para los tribunales de justicia.