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Abstract
El principio de transparencia es y debe ser, una noción consustancial en cualquier sociedad democrática avanzada. La rendición de cuentas por parte de los que ostentan el poder público, así como el acceso a la información pública, son aspectos que preocupan cada vez más a la ciudadanía. El escenario de desafección política, surgido sobre todo durante los primeros años de la reciente crisis económica, dio lugar a una tendencia en convertir en derecho positivo lo que hasta ahora había venido configurándose como un mero principio de buena fe que se presuponía en la actuación de los poderes públicos. Es así como la mayor parte de las Comunidades Autónomas profundizó sobre esta cuestión, con ciertas diferencias en cuanto a la extensión de su contenido y posterior desarrollo. En este estudio, se realizará un breve repaso de la configuración de la transparencia en España, tanto a nivel estatal como autonómico, centrándonos en la implementación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, analizando su aplicación efectiva cuatro años después de su aprobación. Para ello se atenderá al uso realizado del Portal de Transparencia Andaluz, al conjunto de solicitudes de acceso a información públicas recibidas, y se comparará con los datos obtenidos a nivel estatal, gracias a la información facilitada por el Portal de Transparencia Estatal.