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Abstract
El conflicto agrario que se desarrolló en 2008 entre el gobierno argentino y los productores agropecuarios pampeanos por la implementación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de granos tuvo consecuencias políticas y económicas que continuaron y afectaron también a los gobiernos posteriores. El reclamo sectorial escaló a nivel nacional convocando el apoyo de otros actores sociales y políticos, desencadenando, así, una crisis política que desestabilizó y debilitó al gobierno nacional. Significó también un fortalecimiento del sector agropecuario en su capacidad de movilización, de desestabilización y de construcción de alianzas políticas que obligó a los sucesivos gobiernos a ensayar nuevas estrategias para recaudar recursos fiscales y evitar que las medidas generen nuevos conflictos. Sin embargo, para los productores agropecuarios esta acción política no significó una mayor capacidad para articular y negociar demandas que beneficien económicamente al sector.