Análisis crítico de las actividades prohibidas para las cooperativas de trabajo en Argentina.

Abstract

En 1994, el Poder Ejecutivo nacional de Argentina emitió el Decreto 2015/94, por el cual estableció que el por entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa (inac), en la actualidad Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), se debería abstener de autorizar a funcionar cooperativas de trabajo que prevean, en el cumplimiento de su objetivo social, contratar servicios cooperativos por terceras personas empleando la fuerza de trabajo de sus asociados. Con el fin de reglamentar dicho Decreto, el inac emitió la Resolución N.° 1510/94, por la cual declaró comprendidas en dicha situación las solicitudes de autorización para funcionar como cooperativa de trabajo que se vinculen con las siguientes actividades: agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribuciones de correspondencia y servicios eventuales. De esta manera, se consagró un impedimento al desarrollo de nuevas cooperativas de naturaleza claramente ilegítima, ya que se presuponía, desde el origen, la actividad en fraude a la ley laboral (y, como contracara de la misma moneda, a la norma cooperativa) antes de haberse dado la posibilidad de funcionar a las entidades. El Estado renunciaba así a ejercer su rol de fiscalización, al prohibir lisa y llanamente el desarrollo de determinadas actividades por parte de cooperativas de trabajo. Asimismo, se ponía bajo “manto de sospecha” toda actividad de trabajo cooperativizado que se desarrollara por fuera de un comercio o de una planta fabril. No obstante el tiempo transcurrido y los hechos acontecidos en el país desde entonces, estas prohibiciones mantienen vigencia pese a su manifiesta ilegalidad.