A vueltas con la responsabilidad por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea

La aplicación del principio de responsabilidad del Legislador por infracciones del Derecho de la Unión Europea ha estado sometida en nuestro Derecho a grandes vaivenes. El Tribunal Supremo consideró inicialmente que estas reclamaciones no eran equivalentes a las relativas a la responsabilidad del Legislador por leyes inconstitucionales y, por ello, que no se requería aplicar los mismos requisitos procesales ni sustantivos. Este planteamiento fue rechazado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Transportes Urbanos, a partir de la cual el Tribunal Supremo comenzó a “igualar a la baja” el régimen procesal, sin unificar, sin embargo, el régimen de fondo. El Legislador de las Leyes 39 y 40/2015 procedió a una regulación de la responsabilidad del Legislador la aplicación de leyes contrarias a la Constitución y al Derecho de la Unión europea similar en sus requisitos procesales, esta vez “igualando al alza”, y mantuvo un régimen sustantivo dispar, más generoso en el primer caso y alineado con el requisito de ilegalidad grave sustantiva establecido como mínimo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sentencia Comisión contra Reino de España de 28 de junio de 2022 ha enjuiciado el régimen legal español, detectando las contradicciones con el Derecho de la Unión de sus determinaciones procesales desde la perspectiva del principio de efectividad. Además, en cuanto a los requisitos de fondo, ha optado por una novedosa interpretación de la articulación del estándar europeo y las regulaciones nacionales. En el trabajo se lleva a cabo una valoración de esta jurisprudencia y se añaden unas reflexiones para el debate entre la diferencia entre requisitos de fondo y procesales, la relación entre la tutela primaria” y la acción de responsabilidad o sobre el carácter objetivo o culposo de la responsabilidad del Legislador.