Depoliticizing conflict in Sonora, Mexico: (Il)legality, territory and the continuum of violence

This article examines the complex (il)legal mediation of overlapping territorial claims and gold-mining rights in the region of Caborca, Sonora. Drawing on long-term ethnographic research and on documentary evidence, it places the ongoing, decades-long conflict between the ejido El Bajío and the Penmont mining company within a longer history, beginning with the rise of the agrarista movement in the 1970s which led to the creation of the ejidos in the region. It argues that the subsequent dismantling of agrarian organizations and parallel neoliberal privatization has given way to a depolitization of local land disputes. Contemporary conflicts are now settled in the (il)legal arena characterized by the prominence of law-enforcement institutions highly articulated with illegal economies and violence. Lawyers have replaced agrarian leaders as intermediaries, and sicarios, armed gunmen with territorial power, have emerged both to protect extractive interests and extort a “rent” from illegal transnational trafficking, thus redistributing some of the local “spillover” of profits. The shift in local discourses renders these conflicts as “apolitical”, while criminalized and dispossessed ejidatarios attribute local violence directly to la mina.Resumen: Despolitizando el conflicto en Sonora, México: (I)legalidad, territorio y el continuo de violenciaEste artículo examina la compleja mediación (i)legal de reclamos territoriales superpuestos y derechos de extracción de oro en la región de Caborca, Sonora. Basándose en una investigación etnográfica a largo plazo y en pruebas documentales, ubica el conflicto en curso, de décadas de duración, entre el ejido El Bajío y la compañía minera Penmont dentro de una historia más larga, comenzando con el surgimiento del movimiento agrarista en la década de 1970 que condujo a la creación de los ejidos en la región. Argumenta que el posterior desmantelamiento de las organizaciones agrarias y la paralela privatización neoliberal ha dado paso a una despolitización de las disputas territoriales locales. Los conflictos contemporáneos ahora se resuelven en la arena (i)legal caracterizada por el protagonismo de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley altamente articuladas con las economías ilegales y la violencia. Los abogados han reemplazado a los líderes agrarios como intermediarios, y los sicarios, pistoleros armados con poder territorial, han surgido tanto para proteger los intereses extractivos como para extorsionar una “renta” del tráfico transnacional ilegal, redistribuyendo así parte del “derrame” local de ganancias. El cambio en los discursos locales hace que estos conflictos sean “apolíticos”, mientras que los ejidatarios criminalizados y desposeídos atribuyen la violencia local directamente a la mina.