La liberalización del mercado eléctrico español: agentes intervinientes, distribución de competencias y la especial posición del regulador. Retos a los que se enfrenta como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19

Con motivo de la reforma energética constitucional promulgada por el Ejecutivo en México, el 20 de diciembre de 2013 y por el que se desarrolla un sistema eléctrico nacional impulsado conjuntamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los particulares, todo ello bajo la dirección del Estado,1 además de la alta complejidad de este sector, junto con la amplia cantidad de agentes implicados y el profundo impacto que tiene en la sociedad y la industria, resulta de gran interés estudiar cómo se ha producido este desarrollo en España, ya que ambos Países compartían una situación inicial similar, pues contaban con una gestión 100% pública y la reforma ha tratado de abrir diferentes subsectores dentro del tramo eléctrico, susceptibles todos ellos, de funcionar como sistema de mercados regulados en un ámbito de competencia. Además de esto y dada la dramática situación que se está viviendo a nivel mundial con la crisis sanitaria de la Covid-19, se está abocando a un decrecimiento económico generalizado en todos los sectores estratégicos a nivel global. El mercado eléctrico español no es ajeno a todo esto y también se está viendo afectado, debido a disrupciones y trastornos que se están sucediendo y que pueden alterar el correcto funcionamiento del sistema, o incluso provocar un desplome financiero en las empresas y los mercados de valores, además de agrandar, más si cabe, la fractura social ya existente, al dificultar gravemente que muchos hogares españoles puedan hacer frente a los gastos derivados de la factura energética.