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Abstract
Desde una perspectiva de los derechos humanos, se aborda el tema del derecho a la salud de los pueblos originarios y de las políticas públicas que el Estado desarrolla como una obligación de dar satisfacción a las necesidades apremiantes. El Estado se encuentra en conflicto cuando se habla de garantizar el acceso a los servicios de salud y, de manera particular, cuando estos servicios van dirigidos a los pueblos originarios. En su intento de poder hacer efectivo este derecho constitucional, las comunidades se enfrentan a la subordinación y la discriminación derivadas de su pertenencia cultural, lingüística o política. El presente trabajo evidencia la difícil situación que viven los pueblos originarios ante la deplorable e ineficaz labor del Estado de cumplir con el postulado constitucional de garantizar el derecho a la salud de una forma igualitaria y sin distingo de raza o color. De la misma forma, se analiza el alcance e interpretación de las normas que sobre este tópico el legislador ha emitido y el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza en torno a estos dispositivos, sentando precedentes que difícilmente se materializan en la práctica.