Criminalización de la Colusión y Delación Compensada: Elementos para un Análisis Riguroso de la Persecución Penal de Carteles

En los últimos meses, se ha renovado una discusión ya frecuente en nuestro sistema penal y de libre competencia: ¿Quién debe ejercer la acción penal en casos de colusión y por qué? En una discusión tan relevante, es importante recordar, y detenerse a analizar la regulación existente luego de la Ley 20.945 y por qué se legisló de la manera en que se hizo. El presente trabajo constituye una aproximación analítica al título V del Decreto Ley 211 (en adelante, DL 211), introducido por esa ley, y a su historia, tensiones y contexto. El objetivo de este trabajo es destacar los aspectos más relevantes de la criminalización de la colusión, analizando la pertinencia y conveniencia de la sanción penal, e intentando dar luces acerca de las características de la regulación adoptada, y de su razón de ser, con el objetivo de colaborar en dotar de contenido y perspectiva una discusión a veces cargada de consignas poco efectivas. Para ello, la pretensión de este trabajo es efectuar un análisis de la decisión adoptada por el legislador en la Ley 20.945, analizando los fundamentos teóricos y prácticos que rodean la discusión relativa a la conveniencia de la criminalización de la colusión. Junto con ello, este artículo busca dar luces acerca de los principales elementos que deben ser tenidos en consideración a la hora de analizar la criminalización de los acuerdos colusorios, otorgando un panorama global de la situación al lector. Bajo ese prisma, analizaremos el tipo penal adoptado, con sus distintos componentes, contrastándolo con las decisiones adoptadas en derecho comparado, y revisaremos luego los principales aspectos del diseño institucional por el que el legislador chileno optó, intentando relevar los principales puntos de conflicto del mismo, especialmente en cuanto al ejercicio de la acción penal.