Devoluciones en caliente de migrantes en la frontera sur de Europa

Las devoluciones en caliente en Melilla, una ciudad española ubicada en la frontera terrestre entre Europa y Marruecos, en el norte de África, vulneran la normativa europea de protección de derechos humanos al no contemplar la identificación del migrante que salta la valla que separa ambos territorios, lo que impide reclamar esa decisión administrativa. De esta forma se le priva del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Española. Tampoco se le permite solicitar asilo o acceder a servicios de intérprete o asistencia letrada junto a la alambrada, y se le devuelve por la vía de hecho a un país (Marruecos) donde ser migrante irregular es un delito. Se obvia así el principio de no devolución a un lugar que no es seguro y, en la mayoría de los casos, la prohibición de las expulsiones colectivas. Este artículo estudia el marco legal de las devoluciones en caliente, en vísperas de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de febrero de 2020, que exoneró a España de responsabilidad al poner la seguridad de un Estado por encima de los derechos humanos.