El uso del comercio electrónico para celebrar relaciones de consumo cada vez toma más protagonismo en la sociedad de la información. El constante desarrollo de las tecnologías hace que las plataformas existentes puedan beneficiarse de sus características; sin embargo, también traen consigo diferentes cuestiones jurídicas que deben mitigarse a fin de proteger los intereses y derechos de los usuarios. La tecnología blockchain es una de las tecnologías que viene a revolucionar el ámbito de las relaciones electrónicas B2C gracias a su carácter transnacional, descentralización, garantía de confianza, inmutabilidad y a una de sus funcionalidades más características: los smart contracts. Este tipo de acuerdos se distinguen por su automatización y autoejecución, caracteres que a priori pueden poner en riesgo la legislación existente sobre consumidores y usuarios. Asimismo, las oportunidades que brinda blockchain de cara a que los usuarios puedan actuar de forma irreconocible puede poner en jaque la normativa encargada de determinar la competencia judicial internacional y la ley aplicable a las relaciones jurídicas de consumo B2C. Este trabajo analiza la aplicabilidad de los smart contracts en el ámbito del comercio electrónico, en especial en el de empresas con consumidores (B2C) y estudiar los posibles inconvenientes que generan sobre la normativa existente a fin de analizar si es necesario adaptar la legislación a estas tecnologías.
{"title":"Questões jurídicas geradas por smart contracts no comércio eletrônico B2C: foro, jurisdição aplicável e direito de desistir no ordenamento jurídico espanhol","authors":"Javier Martínez Boada","doi":"10.22235/rd30.3919","DOIUrl":"https://doi.org/10.22235/rd30.3919","url":null,"abstract":"El uso del comercio electrónico para celebrar relaciones de consumo cada vez toma más protagonismo en la sociedad de la información. El constante desarrollo de las tecnologías hace que las plataformas existentes puedan beneficiarse de sus características; sin embargo, también traen consigo diferentes cuestiones jurídicas que deben mitigarse a fin de proteger los intereses y derechos de los usuarios. La tecnología blockchain es una de las tecnologías que viene a revolucionar el ámbito de las relaciones electrónicas B2C gracias a su carácter transnacional, descentralización, garantía de confianza, inmutabilidad y a una de sus funcionalidades más características: los smart contracts. Este tipo de acuerdos se distinguen por su automatización y autoejecución, caracteres que a priori pueden poner en riesgo la legislación existente sobre consumidores y usuarios. Asimismo, las oportunidades que brinda blockchain de cara a que los usuarios puedan actuar de forma irreconocible puede poner en jaque la normativa encargada de determinar la competencia judicial internacional y la ley aplicable a las relaciones jurídicas de consumo B2C. Este trabajo analiza la aplicabilidad de los smart contracts en el ámbito del comercio electrónico, en especial en el de empresas con consumidores (B2C) y estudiar los posibles inconvenientes que generan sobre la normativa existente a fin de analizar si es necesario adaptar la legislación a estas tecnologías.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":" 681","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141823527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Las funciones que los tribunales de garantía o de control deben cumplir en los modelos acusatorios de corte adversarial son fundamentales para la debida protección de los derechos y las garantías de todos los intervinientes, en especial del imputado y el acusado. Estas funciones resultan críticas para los debates en torno a la procedencia de las medidas cautelares personales y suponen por parte del juez la estricta observancia de los principios que regulan tales medidas y la fundamentación acerca del modo en que estos principios son aplicados en cada caso. Los tribunales de garantía deben definir y explicitar los estándares exigibles para cada tipo de medida cautelar personal solicitada por los litigantes, y reproducir en sus resoluciones los criterios empleados y los fundamentos utilizados para dar por acreditados o desestimados los requisitos de las medidas cautelares personales, como son los presupuestos materiales de estas y la necesidad de cautela.
{"title":"O papel do juiz de garantias no debate de medidas cautelares pessoais. Revisão normativa dos sistemas processuais penais do Chile, Uruguai e Argentina federal","authors":"Rafael Blanco Suarez","doi":"10.22235/rd30.3961","DOIUrl":"https://doi.org/10.22235/rd30.3961","url":null,"abstract":"Las funciones que los tribunales de garantía o de control deben cumplir en los modelos acusatorios de corte adversarial son fundamentales para la debida protección de los derechos y las garantías de todos los intervinientes, en especial del imputado y el acusado. Estas funciones resultan críticas para los debates en torno a la procedencia de las medidas cautelares personales y suponen por parte del juez la estricta observancia de los principios que regulan tales medidas y la fundamentación acerca del modo en que estos principios son aplicados en cada caso. Los tribunales de garantía deben definir y explicitar los estándares exigibles para cada tipo de medida cautelar personal solicitada por los litigantes, y reproducir en sus resoluciones los criterios empleados y los fundamentos utilizados para dar por acreditados o desestimados los requisitos de las medidas cautelares personales, como son los presupuestos materiales de estas y la necesidad de cautela.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":" September","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141823928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-13DOI: 10.47712/rd.2024.v9i1.228
Rolando Sucari Cruz
Article 53 of the Code of Civil Procedure regulates coercive measures, specifically, numeral 2 of said article empowers the judge to order the detention for 24 hours of anyone who resists his order without justification. This regulation generates controversy as it is considered unconstitutional because it would violate article 2 numeral 24 literal c) of the Political Constitution of the State, in the understanding that there is no imprisonment for debt, even the terminology of detention would correspond to be used in criminal matters. Furthermore, it is questioned whether the civil judge can order detention. In this context, this article analyzes the positions against and in favor of civil detention, concluding that several Latin American countries maintain its application specifically for certain cases, whether in civil or criminal normative bodies, as a sanction for non-compliance with a civil obligation, therefore it is necessary to regulate in the Code of Civil Procedure as an express power of the judge, the civil arrest, to enforce its decisions. Emphasizing that the appropriate terminology is that of arrest for up to 24 hours, which can be dictated by the civil judge.
{"title":"LEGITIMACY OF THE COERCIVE MEASURE OF CIVIL DETENTION IN THE EXECUTION OF SENTENCES WITHIN THE FRAMEWORK OF CIVIL PROCEEDINGS","authors":"Rolando Sucari Cruz","doi":"10.47712/rd.2024.v9i1.228","DOIUrl":"https://doi.org/10.47712/rd.2024.v9i1.228","url":null,"abstract":"Article 53 of the Code of Civil Procedure regulates coercive measures, specifically, numeral 2 of said article empowers the judge to order the detention for 24 hours of anyone who resists his order without justification. This regulation generates controversy as it is considered unconstitutional because it would violate article 2 numeral 24 literal c) of the Political Constitution of the State, in the understanding that there is no imprisonment for debt, even the terminology of detention would correspond to be used in criminal matters. Furthermore, it is questioned whether the civil judge can order detention. In this context, this article analyzes the positions against and in favor of civil detention, concluding that several Latin American countries maintain its application specifically for certain cases, whether in civil or criminal normative bodies, as a sanction for non-compliance with a civil obligation, therefore it is necessary to regulate in the Code of Civil Procedure as an express power of the judge, the civil arrest, to enforce its decisions. Emphasizing that the appropriate terminology is that of arrest for up to 24 hours, which can be dictated by the civil judge.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"42 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141650912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
En los años 2022 y 2023 se plebiscitaron dos proyectos de nueva Constitución para Chile, elaborados siguiendo procedimientos distintos, y estaban inspiradas por orientaciones políticas opuestas. Ambas propuestas fueron rechazadas. En materia de derecho internacional, estos proyectos de Constitución planteaban modificaciones interesantes, algunas más y otras menos adecuadas. Este trabajo describe y evalúa tales propuestas de modificación, con la finalidad de contribuir al debate sobre eventuales reformas a la Constitución chilena de 1980 en el área de derecho internacional.
{"title":"El Derecho Internacional en las Recientes Proyectos Constitucionales Chilenos","authors":"Álvaro Paúl","doi":"10.47274/derum/45.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.7","url":null,"abstract":"En los años 2022 y 2023 se plebiscitaron dos proyectos de nueva Constitución para Chile, elaborados siguiendo procedimientos distintos, y estaban inspiradas por orientaciones políticas opuestas. Ambas propuestas fueron rechazadas. En materia de derecho internacional, estos proyectos de Constitución planteaban modificaciones interesantes, algunas más y otras menos adecuadas. Este trabajo describe y evalúa tales propuestas de modificación, con la finalidad de contribuir al debate sobre eventuales reformas a la Constitución chilena de 1980 en el área de derecho internacional.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"53 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141655705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El presente trabajo busca analizar qué implicancias tiene el hecho de que nuestra ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, en su artículo 365, consagre, a texto expreso, la contravención del interés social como causal de impugnación de Asambleas. Para ello, se propone al lector una breve reseña de cuáles han sido las teorías que la doctrina ha ensayado respecto al contenido del interés social, analizar si existe en nuestro derecho una definición legal del mismo, y finalmente, interpelarnos sobre que implica, cuáles son las consecuencias de que el mismo este contemplado como una causal de impugnación de Asambleas.
{"title":"El interés social en cuanto causal de impugnación de asambleas","authors":"Sebastián Arias Martínez","doi":"10.47274/derum/45.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.2","url":null,"abstract":"El presente trabajo busca analizar qué implicancias tiene el hecho de que nuestra ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, en su artículo 365, consagre, a texto expreso, la contravención del interés social como causal de impugnación de Asambleas. Para ello, se propone al lector una breve reseña de cuáles han sido las teorías que la doctrina ha ensayado respecto al contenido del interés social, analizar si existe en nuestro derecho una definición legal del mismo, y finalmente, interpelarnos sobre que implica, cuáles son las consecuencias de que el mismo este contemplado como una causal de impugnación de Asambleas.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"139 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141655991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hace algunos años un conjunto de autores describió y criticó un modo de aproximarse a la interpretación de los derechos humanos que la concibe como tarea consistente en resolver conflictos entre derechos. Esta posición fue denominada “conflictivista”. La crítica tuvo por objeto el concepto de derecho humano que se esconde detrás del conflictivismo, y sus proyecciones sobre el carácter absoluto y universal que se predica de estos derechos tan especiales. En este artículo se pretende dar cuenta del estado actual de esa crítica y de algunas de las objeciones que recibió, y sentar las bases de una propuesta alternativa, la “armonización de derechos”.
{"title":"La armonización de los derechos","authors":"J. Cianciardo","doi":"10.47274/derum/45.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.3","url":null,"abstract":"Hace algunos años un conjunto de autores describió y criticó un modo de aproximarse a la interpretación de los derechos humanos que la concibe como tarea consistente en resolver conflictos entre derechos. Esta posición fue denominada “conflictivista”. La crítica tuvo por objeto el concepto de derecho humano que se esconde detrás del conflictivismo, y sus proyecciones sobre el carácter absoluto y universal que se predica de estos derechos tan especiales. En este artículo se pretende dar cuenta del estado actual de esa crítica y de algunas de las objeciones que recibió, y sentar las bases de una propuesta alternativa, la “armonización de derechos”.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"124 47","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141656962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Para acceder al amparo especialmente fuerte ofrecido por el derecho a informar garantizado en el artículo 20 letra d) de la Constitución Española (CE), se exige la concurrencia de dos requisitos: que exista un interés público, y que lo comunicado sea veraz. Esto último se ha interpretado como un cierto grado de diligencia en la verificación de los hechos, sin llegar al absurdo de exigir certezas de tipo científico. Dado lo anterior, la protección constitucional, y en buena medida el ejercicio de la profesión periodística, están supeditados a lo que los intérpretes entienden por “debida diligencia”, la que a su vez dependerá de las circunstancias y contexto de cada caso. Una revisión exhaustiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (TCE) nos permitirá sistematizar los principales criterios utilizados hasta ahora, así como su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo, permitiendo ofrecer una guía práctica para acceder a la protección ofrecida por este derecho, en a que el derecho español ha sido pionero a nivel mundial.
{"title":"Derecho a la información","authors":"F. Leturia I., Pedro Anguita R.","doi":"10.47274/derum/45.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.5","url":null,"abstract":"Para acceder al amparo especialmente fuerte ofrecido por el derecho a informar garantizado en el artículo 20 letra d) de la Constitución Española (CE), se exige la concurrencia de dos requisitos: que exista un interés público, y que lo comunicado sea veraz. Esto último se ha interpretado como un cierto grado de diligencia en la verificación de los hechos, sin llegar al absurdo de exigir certezas de tipo científico. Dado lo anterior, la protección constitucional, y en buena medida el ejercicio de la profesión periodística, están supeditados a lo que los intérpretes entienden por “debida diligencia”, la que a su vez dependerá de las circunstancias y contexto de cada caso. Una revisión exhaustiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (TCE) nos permitirá sistematizar los principales criterios utilizados hasta ahora, así como su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo, permitiendo ofrecer una guía práctica para acceder a la protección ofrecida por este derecho, en a que el derecho español ha sido pionero a nivel mundial.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"36 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141658550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La economía es un fenómeno del que ningún individuo logra escapar. Queramos o no, nuestra vida está en parte determinada por este fenómeno, e invade varios aspectos de nuestra cotidianeidad. Con el pasaje del tiempo, el elenco de agentes económicos fue creciendo, no solo en cantidad de número, sino de categoría, incorporándose entre ellos el Estado, una persona jurídica con una influencia muy particular. A través de este trabajo, se analizará las herramientas con las que cuenta el Estado uruguayo para intervenir en la economía, a través de los diferentes roles que desempeña y las diferentes personas jurídicas públicas existentes.
{"title":"El Estado en el mercado","authors":"A. Godoy","doi":"10.47274/derum/45.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.6","url":null,"abstract":"La economía es un fenómeno del que ningún individuo logra escapar. Queramos o no, nuestra vida está en parte determinada por este fenómeno, e invade varios aspectos de nuestra cotidianeidad. Con el pasaje del tiempo, el elenco de agentes económicos fue creciendo, no solo en cantidad de número, sino de categoría, incorporándose entre ellos el Estado, una persona jurídica con una influencia muy particular. A través de este trabajo, se analizará las herramientas con las que cuenta el Estado uruguayo para intervenir en la economía, a través de los diferentes roles que desempeña y las diferentes personas jurídicas públicas existentes.","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"89 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141657763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Nota editorial. Democracia y Derecho","authors":"Miguel Casanova","doi":"10.47274/derum/45.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.1","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"83 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141657878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contratos administrativos","authors":"Gabriel Delpiazzo Antón","doi":"10.47274/derum/45.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.47274/derum/45.8","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":35326,"journal":{"name":"Revista de Derecho","volume":"20 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141655415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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