Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.3
L. Guzmán, Álvaro Mauricio Botina Gómez
El presente artículo analiza sentencias que declararon a componentes de la naturaleza como sujetos de derechos y ordenaron medidas para aplicarlos en Colombia, bajo una Constitución ecológica, y Ecuador, con una Constitución biocéntrica, desde el rol del sector empresarial. Trabaja con los casos de acciones constitucionales que han generado jurisprudencia vinculante en los dos países para identificar qué papel juegan las empresas en la protección de estos derechos que han sido eludidos bajo diferentes figuras como el forum non conveniens, estimulando la deliberación sobre la utilidad de los instrumentos internacionales a través de su presente aplicación y pertinencia.
{"title":"Análisis de la responsabilidad del Estado y las empresas en la protección de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de Colombia y Ecuador","authors":"L. Guzmán, Álvaro Mauricio Botina Gómez","doi":"10.32719/26312484.2023.39.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.3","url":null,"abstract":"El presente artículo analiza sentencias que declararon a componentes de la naturaleza como sujetos de derechos y ordenaron medidas para aplicarlos en Colombia, bajo una Constitución ecológica, y Ecuador, con una Constitución biocéntrica, desde el rol del sector empresarial. Trabaja con los casos de acciones constitucionales que han generado jurisprudencia vinculante en los dos países para identificar qué papel juegan las empresas en la protección de estos derechos que han sido eludidos bajo diferentes figuras como el forum non conveniens, estimulando la deliberación sobre la utilidad de los instrumentos internacionales a través de su presente aplicación y pertinencia.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78494727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.1
Daniela Camacho Vinueza, Brayan Alexander Chávez Rivera
Tras los impactos negativos y la destrucción generada por el hombre y las grandes industrias al medioambiente, se ha visto la necesidad que desde un plano socio-jurídico se busque la protección efectiva a la naturaleza, evitando daños irreversibles y controlando los efectos del cambio climático predominante en la sociedad actual, todo esto bajo una teoría que se centre principalmente en reconocer el entorno que rodea la vida del ser humano, sin dejar de observarlo como sujetos de derechos, es decir, observar también la naturaleza que lo rodea como sujeto de derechos en sí misma para su protección y conservación como medio indispensable de hábitat y vida, toda vez que se observa la estrecha conexión que guarda con el ser humano en torno a una protección efectiva por parte de los Estados. Todo esto con el fin de garantizar y amparar tanto los derechos de los seres humanos como la protección al entorno que lo rodea acorde a las obligaciones adquiridas relacionadas a la satisfacción y protección de los derechos humanos y por supuesto el cumplimiento de los fines internacionales y obligaciones en materia de desarrollo sostenible y acciones para combatir el cambio climático por parte de los Estados. Así mismo, por medio de las agendas globales pactadas desde un enfoque biocéntrico lo que se generaría es mayor protección y salvaguarda del medioambiente reconociendo la necesidad general de amparar a la naturaleza como un sujeto de derechos al ser esta fuente de la vida humana.
{"title":"La teoría biocéntrica como fundamento protector de la naturaleza en la actividad económica","authors":"Daniela Camacho Vinueza, Brayan Alexander Chávez Rivera","doi":"10.32719/26312484.2023.39.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.1","url":null,"abstract":"Tras los impactos negativos y la destrucción generada por el hombre y las grandes industrias al medioambiente, se ha visto la necesidad que desde un plano socio-jurídico se busque la protección efectiva a la naturaleza, evitando daños irreversibles y controlando los efectos del cambio climático predominante en la sociedad actual, todo esto bajo una teoría que se centre principalmente en reconocer el entorno que rodea la vida del ser humano, sin dejar de observarlo como sujetos de derechos, es decir, observar también la naturaleza que lo rodea como sujeto de derechos en sí misma para su protección y conservación como medio indispensable de hábitat y vida, toda vez que se observa la estrecha conexión que guarda con el ser humano en torno a una protección efectiva por parte de los Estados. Todo esto con el fin de garantizar y amparar tanto los derechos de los seres humanos como la protección al entorno que lo rodea acorde a las obligaciones adquiridas relacionadas a la satisfacción y protección de los derechos humanos y por supuesto el cumplimiento de los fines internacionales y obligaciones en materia de desarrollo sostenible y acciones para combatir el cambio climático por parte de los Estados. Así mismo, por medio de las agendas globales pactadas desde un enfoque biocéntrico lo que se generaría es mayor protección y salvaguarda del medioambiente reconociendo la necesidad general de amparar a la naturaleza como un sujeto de derechos al ser esta fuente de la vida humana.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86768883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.2
Silvia Veintimilla Quezada, Mary Elizabeth Chacón Coronado
El caso del pueblo Kichwa Sarayaku vs. Ecuador es uno de los más icónicos y reivindicatorios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación al reconocimiento de la vulneración de los derechos colectivos, específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre actividades que pongan en riesgo su vida o territorio. En este sentido el objeto de la presente investigación es exponer los motivos contextuales y jurídicos que llevaron a esta contienda internacional, para aportar en el debate jurídico que se desenvuelve en torno al incompleto cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconociendo la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Para ello se ha desarrollado un análisis histórico-político sobre los antecedentes del caso para abordar con perspectiva crítica los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte IDH, que diez años después de su emisión no han sido ejecutados.Las dinámicas políticas, ideológicas y de preponderancia económica han dejado de lado elementos inherentes a la característica plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, como la cosmovisión de los pueblos indígenas o la naturaleza como garantía de vida. La Corte Constitucional tiene la importante responsabilidad de establecer un precedente sobre la aplicación de estándares internacionales sobre protección de derechos humanos, que empresas petroleras como CGC no cumplieron.
Kichwa族Sarayaku v .厄瓜多尔是其中最icónicos和美洲人权系统reivindicatorios承认集体权利的侵犯,特别是有权知情的自由事先协商,对土著人民和社区把威胁其生命或领土的活动。在这个意义上,本研究的目的是阐述理由导致的关联和法律这一国际竞争,提供生存的法律辩论围绕的交响曲遵守美洲人权法院的裁决(指数)法院确认厄瓜多尔国家的国际责任。本研究的目的是分析美洲人权法院(inter - american court of human rights)对这一案件的判决，该判决在发布10年后仍未执行。政治、意识形态和经济优势的动态忽略了厄瓜多尔国家多民族特征所固有的因素，例如土著人民的世界观或自然是生命的保障。宪法法院有重大责任为适用国际人权保护标准树立先例，而CGC等石油公司未能遵守这些标准。
{"title":"La gran deuda vigente de Ecuador: el caso Sarayaku","authors":"Silvia Veintimilla Quezada, Mary Elizabeth Chacón Coronado","doi":"10.32719/26312484.2023.39.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.2","url":null,"abstract":"El caso del pueblo Kichwa Sarayaku vs. Ecuador es uno de los más icónicos y reivindicatorios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación al reconocimiento de la vulneración de los derechos colectivos, específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre actividades que pongan en riesgo su vida o territorio. En este sentido el objeto de la presente investigación es exponer los motivos contextuales y jurídicos que llevaron a esta contienda internacional, para aportar en el debate jurídico que se desenvuelve en torno al incompleto cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconociendo la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Para ello se ha desarrollado un análisis histórico-político sobre los antecedentes del caso para abordar con perspectiva crítica los puntos resolutivos de la sentencia emitida por la Corte IDH, que diez años después de su emisión no han sido ejecutados.Las dinámicas políticas, ideológicas y de preponderancia económica han dejado de lado elementos inherentes a la característica plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, como la cosmovisión de los pueblos indígenas o la naturaleza como garantía de vida. La Corte Constitucional tiene la importante responsabilidad de establecer un precedente sobre la aplicación de estándares internacionales sobre protección de derechos humanos, que empresas petroleras como CGC no cumplieron.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89339522","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.6
David Ramiro Zaruma Ávila
Que los ciudadanos puedan resistirse a la opresión de un poder tiránico o puedan protestar contra las medidas del gobierno en una sociedad democrática, es un derecho reconocido desde los inicios de la modernidad, y, como tal, ha sido incorporado a la mayoría de los textos constitucionales actuales. El presente artículo tiene como objetivo analizar las tensiones que se generan entre el uso progresivo de la fuerza en las marchas y protestas que se realizan en el Ecuador, y el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución de la República de Ecuador, 2008, mediante el examen de los conceptos y categorías relacionadas con el tema y el marco normativo vigente aplicable tanto al ejercicio del mencionado derecho como al uso progresivo y proporcional de la fuerza por los miembros de la Policía Nacional. El resultado es una sistematización de las tensiones que se producen entre el derecho a la protesta social y la actuación del Estado ecuatoriano. Desde el punto de vista metodológico se realiza una revisión documental para caracterizar la situación actual que vive el país, frente a las protestas ciudadanas que se desarrollan por las inconformidades respecto a las políticas públicas que han adoptado los gobiernos de turno.
{"title":"Resistencia social y uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones sociales","authors":"David Ramiro Zaruma Ávila","doi":"10.32719/26312484.2023.39.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.6","url":null,"abstract":"Que los ciudadanos puedan resistirse a la opresión de un poder tiránico o puedan protestar contra las medidas del gobierno en una sociedad democrática, es un derecho reconocido desde los inicios de la modernidad, y, como tal, ha sido incorporado a la mayoría de los textos constitucionales actuales. El presente artículo tiene como objetivo analizar las tensiones que se generan entre el uso progresivo de la fuerza en las marchas y protestas que se realizan en el Ecuador, y el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución de la República de Ecuador, 2008, mediante el examen de los conceptos y categorías relacionadas con el tema y el marco normativo vigente aplicable tanto al ejercicio del mencionado derecho como al uso progresivo y proporcional de la fuerza por los miembros de la Policía Nacional. El resultado es una sistematización de las tensiones que se producen entre el derecho a la protesta social y la actuación del Estado ecuatoriano. Desde el punto de vista metodológico se realiza una revisión documental para caracterizar la situación actual que vive el país, frente a las protestas ciudadanas que se desarrollan por las inconformidades respecto a las políticas públicas que han adoptado los gobiernos de turno.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78919429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.4
Mateo Javier León Loza
La paridad de género se considera el mecanismo jurídico de mayor importancia en defensa de la participación y representación política equitativa entre hombres y mujeres para la constitución de organismos públicos y decisorios de forma proporcional. El presente artículo se centra en el análisis de la incursión e impacto de la paridad de género en la legislación ecuatoriana y su repercusión en la estructuración de los organismos legislativos cantonales. Bajo una metodología cualitativa sobre el análisis y revisión documental se adopta el método inductivo, al describirse todos los fundamentos que sostienen el precepto de la paridad, como participación y representación política, igualdad formal, material y no discriminación, equidad y democracia. Se constata que la normativa jurídica defiende el ejercicio del sistema electoral bajo el principio de paridad de género, que configura el desarrollo de los diferentes procesos electorales con criterios de paridad, equidad, alternabilidad y secuencialidad que garantizan inclusión.Los concejos municipales son organismos legislativos cantonales que necesitan estar conformados por hombres y mujeres que representen a la población, para que en conjunto atiendan las necesidades e intereses de la sociedad; cuestión que se encuentra alejada de la realidad, ya que pese a la exigencia legal paritaria estos no se integran equitativamente, provocando una subrepresentación femenina y un debilitamiento democrático.
{"title":"Paridad de género y democracia: la integración de los Concejos Municipales","authors":"Mateo Javier León Loza","doi":"10.32719/26312484.2023.39.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.4","url":null,"abstract":"La paridad de género se considera el mecanismo jurídico de mayor importancia en defensa de la participación y representación política equitativa entre hombres y mujeres para la constitución de organismos públicos y decisorios de forma proporcional. El presente artículo se centra en el análisis de la incursión e impacto de la paridad de género en la legislación ecuatoriana y su repercusión en la estructuración de los organismos legislativos cantonales. Bajo una metodología cualitativa sobre el análisis y revisión documental se adopta el método inductivo, al describirse todos los fundamentos que sostienen el precepto de la paridad, como participación y representación política, igualdad formal, material y no discriminación, equidad y democracia. Se constata que la normativa jurídica defiende el ejercicio del sistema electoral bajo el principio de paridad de género, que configura el desarrollo de los diferentes procesos electorales con criterios de paridad, equidad, alternabilidad y secuencialidad que garantizan inclusión.Los concejos municipales son organismos legislativos cantonales que necesitan estar conformados por hombres y mujeres que representen a la población, para que en conjunto atiendan las necesidades e intereses de la sociedad; cuestión que se encuentra alejada de la realidad, ya que pese a la exigencia legal paritaria estos no se integran equitativamente, provocando una subrepresentación femenina y un debilitamiento democrático.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"47 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77026583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.7
Pedro Orlando Armijos González
La confiscación en materia tributaria en la Constitución del Ecuador no está taxativamente prohibida, únicamente la que pueden llegar a soportar inmuebles que hayan sido declarados de utilidad pública y estén siendo expropiados. Ante esta situación, la Corte Constitucional reconoce el principio de no confiscatoriedad, en materia tributaria, señalando que, aunque no haya sido constitucionalizado, el régimen tributario sí es continente del mismo, por consiguiente, las autoridades están en la obligación de aplicarlo y respetarlo permanentemente. En este contexto, pese a que el derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución, existen numerosos casos, principalmente en el plano seccional, que pretenden cobrar tributos excesivos que atentan contra el derecho a la propiedad, desconociendo de forma directa el pronunciamiento de la Corte Constitucional. El irrespeto a la capacidad contributiva de los contribuyentes, de la misma forma como al derecho que estos tienen a que se respete su mínimo vital exento, los coloca en un plano negativo, pues no se atiende a su aptitud real para contribuir, así como tampoco se les otorga la opción de satisfacer sus necesidades básicas, primeramente, sino que se demanda la satisfacción de un tributo excesivo. Finalmente, es menester destacar que el núcleo del derecho a la propiedad privada tiene tres categorías: uso, goce y disposición.
{"title":"El derecho a la propiedad privada frente a los tributos con efectos confiscatorios","authors":"Pedro Orlando Armijos González","doi":"10.32719/26312484.2023.39.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.7","url":null,"abstract":"La confiscación en materia tributaria en la Constitución del Ecuador no está taxativamente prohibida, únicamente la que pueden llegar a soportar inmuebles que hayan sido declarados de utilidad pública y estén siendo expropiados. Ante esta situación, la Corte Constitucional reconoce el principio de no confiscatoriedad, en materia tributaria, señalando que, aunque no haya sido constitucionalizado, el régimen tributario sí es continente del mismo, por consiguiente, las autoridades están en la obligación de aplicarlo y respetarlo permanentemente. En este contexto, pese a que el derecho a la propiedad privada está protegido por la Constitución, existen numerosos casos, principalmente en el plano seccional, que pretenden cobrar tributos excesivos que atentan contra el derecho a la propiedad, desconociendo de forma directa el pronunciamiento de la Corte Constitucional. El irrespeto a la capacidad contributiva de los contribuyentes, de la misma forma como al derecho que estos tienen a que se respete su mínimo vital exento, los coloca en un plano negativo, pues no se atiende a su aptitud real para contribuir, así como tampoco se les otorga la opción de satisfacer sus necesidades básicas, primeramente, sino que se demanda la satisfacción de un tributo excesivo. Finalmente, es menester destacar que el núcleo del derecho a la propiedad privada tiene tres categorías: uso, goce y disposición.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73446927","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-01-05DOI: 10.32719/26312484.2023.39.8
José Antonio Burneo Carrera
Dentro del mundo jurídico mercantil, los contratos empresariales tienen un papel protagónico porque, a través de ellos, los empresarios pueden articular sus actuaciones y modular sus comportamientos comerciales en pro del cumplimiento de sus determinados objetivos empresariales, operativos, comerciales y asociativos. Para el caso particular de los contratos asociativos empresariales, más allá del evidente objetivo de lucro, la cooperación mutua de empresarios busca la creación de una imagen que impulse el desempeño comercial de la asociación, en general, y de cada empresario, en particular. Además, podría servir como estímulo para la creación de una sana reputación comercial. Sin embargo, a pesar de que todo contrato asociativo nace con la intención de lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato, siempre es latente la posibilidad de un incumplimiento. Este último no solo afectará al empresario que incumple, sino a toda la asociación en su generalidad ya que, al actuar de forma conjunta, todos los empresarios participantes ponen en riesgo, aparte de su inversión, su propio nombre, imagen y reputación como comerciantes. Por ello, un incumplimiento que pueda afectar la reputación de todo el grupo de empresarios tendrá que ser resarcido conforme a las reglas de la responsabilidad civil, debido a que atenta a su derecho humano al buen nombre.
{"title":"El daño moral en los contratos asociativos empresariales","authors":"José Antonio Burneo Carrera","doi":"10.32719/26312484.2023.39.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.8","url":null,"abstract":"Dentro del mundo jurídico mercantil, los contratos empresariales tienen un papel protagónico porque, a través de ellos, los empresarios pueden articular sus actuaciones y modular sus comportamientos comerciales en pro del cumplimiento de sus determinados objetivos empresariales, operativos, comerciales y asociativos. Para el caso particular de los contratos asociativos empresariales, más allá del evidente objetivo de lucro, la cooperación mutua de empresarios busca la creación de una imagen que impulse el desempeño comercial de la asociación, en general, y de cada empresario, en particular. Además, podría servir como estímulo para la creación de una sana reputación comercial. Sin embargo, a pesar de que todo contrato asociativo nace con la intención de lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato, siempre es latente la posibilidad de un incumplimiento. Este último no solo afectará al empresario que incumple, sino a toda la asociación en su generalidad ya que, al actuar de forma conjunta, todos los empresarios participantes ponen en riesgo, aparte de su inversión, su propio nombre, imagen y reputación como comerciantes. Por ello, un incumplimiento que pueda afectar la reputación de todo el grupo de empresarios tendrá que ser resarcido conforme a las reglas de la responsabilidad civil, debido a que atenta a su derecho humano al buen nombre.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90431255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.32719/26312484.2022.38.10
Edison Ricardo Andrade Ortiz
Durante la paulatina masificación e incorporación de las múltiples tecnologías de la información y la comunicación a la vida cotidiana de las personas, el sector laboral no ha sido la excepción. Puesto que, con la disruptiva adopción del teletrabajo de manera generalizada en los niveles públicos y privados, esto visto como una medida de choque para combatir los estragos económicos derivados del COVID-19. Imprime circunstancias particulares respecto a los elementos que fortalecen las conductas de disciplinamiento, sometimiento y dominación; a partir de las herramientas digitales sobre los hoy denominados teletrabajadores. Siendo el tema central de este artículo de investigación. El objetivo de este artículo es evaluar el rol del teletrabajo en las hoy por hoy sociedades de control, partiendo desde las sociedades disciplinarias de Foucault, para luego involucrar las sociedades de control de Deleuze y finalmente contrastarlo con el Big Data de Byung-Chul Han. El análisis está desarrollado a partir de textos y artículos que profundizan el estudio del teletrabajo, las sociedades disciplinarias y las sociedades de control de la era posmoderna, temáticas trabajadas desde las ciencias del derecho, sociología y filosofía, que han logrado catalizar sus conocimientos y esfuerzos para dar forma a este nuevo fenómeno.
{"title":"El teletrabajo como mecanismo paradigmático del poder en las sociedades de control modernas","authors":"Edison Ricardo Andrade Ortiz","doi":"10.32719/26312484.2022.38.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2022.38.10","url":null,"abstract":"Durante la paulatina masificación e incorporación de las múltiples tecnologías de la información y la comunicación a la vida cotidiana de las personas, el sector laboral no ha sido la excepción. Puesto que, con la disruptiva adopción del teletrabajo de manera generalizada en los niveles públicos y privados, esto visto como una medida de choque para combatir los estragos económicos derivados del COVID-19. Imprime circunstancias particulares respecto a los elementos que fortalecen las conductas de disciplinamiento, sometimiento y dominación; a partir de las herramientas digitales sobre los hoy denominados teletrabajadores. Siendo el tema central de este artículo de investigación. El objetivo de este artículo es evaluar el rol del teletrabajo en las hoy por hoy sociedades de control, partiendo desde las sociedades disciplinarias de Foucault, para luego involucrar las sociedades de control de Deleuze y finalmente contrastarlo con el Big Data de Byung-Chul Han. El análisis está desarrollado a partir de textos y artículos que profundizan el estudio del teletrabajo, las sociedades disciplinarias y las sociedades de control de la era posmoderna, temáticas trabajadas desde las ciencias del derecho, sociología y filosofía, que han logrado catalizar sus conocimientos y esfuerzos para dar forma a este nuevo fenómeno.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89029205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.32719/26312484.2022.38.4
Ana Michelle Salvador Monteros
Las políticas públicas son acciones ejecutadas por los Estados para satisfacer situaciones entendidas como problemas públicos. El control de convencionalidad es una obligación estatal, contraída de buena fe al ratificar la Convención Americana de derechos humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ambos temas tienen como personaje principal al Estado, pero pocas veces se los trata en conjunto. El presente artículo se propone explorar la relación que existe entre estas dos temáticas al garantizar derechos y se analizará a través del estudio del caso Guzmán Albarracín que plantea obligaciones estatales en el ámbito de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Para lograr este cometido, se proponen cuatro acápites de estudio: políticas públicas, tomando en cuenta una visión amplia de su formulación, implementación y evaluación, el enfoque de derechos humanos, el caso Guzmán Albarracín y las políticas públicas relacionadas con la violencia sexual en el ámbito educativo establecidas en Ecuador, el control de convencionalidad, que estudia la doctrina y principales funciones de este instituto; el control de convencionalidad en el caso ecuatoriano, a partir del estudio de la Constitución de 2008 con sus características particulares, Este último, no solamente supone un desarrollo doctrinario plasmado en estas líneas, sino que es un eje transversal en este escrito.
{"title":"Políticas públicas y control de convencionalidad","authors":"Ana Michelle Salvador Monteros","doi":"10.32719/26312484.2022.38.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.32719/26312484.2022.38.4","url":null,"abstract":"Las políticas públicas son acciones ejecutadas por los Estados para satisfacer situaciones entendidas como problemas públicos. El control de convencionalidad es una obligación estatal, contraída de buena fe al ratificar la Convención Americana de derechos humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ambos temas tienen como personaje principal al Estado, pero pocas veces se los trata en conjunto. El presente artículo se propone explorar la relación que existe entre estas dos temáticas al garantizar derechos y se analizará a través del estudio del caso Guzmán Albarracín que plantea obligaciones estatales en el ámbito de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Para lograr este cometido, se proponen cuatro acápites de estudio: políticas públicas, tomando en cuenta una visión amplia de su formulación, implementación y evaluación, el enfoque de derechos humanos, el caso Guzmán Albarracín y las políticas públicas relacionadas con la violencia sexual en el ámbito educativo establecidas en Ecuador, el control de convencionalidad, que estudia la doctrina y principales funciones de este instituto; el control de convencionalidad en el caso ecuatoriano, a partir del estudio de la Constitución de 2008 con sus características particulares, Este último, no solamente supone un desarrollo doctrinario plasmado en estas líneas, sino que es un eje transversal en este escrito.","PeriodicalId":34100,"journal":{"name":"Foro Revista de Derecho","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83092456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-01DOI: 10.32719/26312484.2022.38.9
Pedro Martín Páez Bimos
La criminalización de los actos de corrupción en el sector privado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) forma parte de una corriente expansiva e intensiva del Derecho penal que no es aislada o autónoma para el Ecuador. En la nueva legislación anticorrupción es posible observar ciertos problemas, tal vez derivados de los conflictos que existen con los principios limitadores del Derecho penal, dentro del modelo constitucional de derechos y justicia, así como otras incógnitas a la hora de interpretar los elementos objetivos del tipo penal, sobre todo si se tiene en cuenta la política criminal que busca satisfacer esta necesidad. Aplicando una metodología analítica y comparativa frente a estas actuales cuestiones, la experiencia española en materia penal puede servir de guía, por cuanto incorporó a su legislación una figura similar hace ya más de una década. Desde esta perspectiva podrán establecerse una serie de conclusiones que acentuarán la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para evitar previsibles problemas en la aplicación del nuevo delito.
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