Lianna Milagros De la Torre González, Betsy García González
El derecho agrario en Cuba está referido al conjunto de normas y regulaciones jurídicas en el ámbito agrícola, considerando aspectos legales, culturales, sociales y económicos que impactan en la vida de las comunidades rurales. La Reforma Agraria en Cuba, firmada en 1959 y 1963, tuvo como objetivo favorecer a los campesinos más pobres del país. Esta reforma buscaba proteger los derechos de los agricultores, campesinos y comunidades rurales, garantizando su acceso a la tierra, promoviendo la equidad en las relaciones laborales agrícolas, y regulando la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Además, se buscaba promover el desarrollo sostenible de las zonas rurales, protegiendo el medio ambiente y fomentando prácticas agrícolas responsables. La reforma también consideró aspectos socioculturales como las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales, reconociendo su importancia en la gestión de la tierra y los recursos naturales. Se limitó el tamaño de las propiedades y se nacionalizaron las propiedades de más de 420 hectáreas, eliminando el latifundio. La segunda Ley de Reforma Agraria de 1963 propuso la nacionalización y adjudicación al Estado de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete hectáreas. Sin embargo, esta ley fue derogada e inaplicable en su totalidad por el Consejo de Ministros.
{"title":"El derecho agrario en Cuba desde una perspectiva sociocultural, las leyes de la Reforma Agraria de 1959 y 1963","authors":"Lianna Milagros De la Torre González, Betsy García González","doi":"10.46363/derecho.v2i2.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v2i2.2","url":null,"abstract":"El derecho agrario en Cuba está referido al conjunto de normas y regulaciones jurídicas en el ámbito agrícola, considerando aspectos legales, culturales, sociales y económicos que impactan en la vida de las comunidades rurales. La Reforma Agraria en Cuba, firmada en 1959 y 1963, tuvo como objetivo favorecer a los campesinos más pobres del país. Esta reforma buscaba proteger los derechos de los agricultores, campesinos y comunidades rurales, garantizando su acceso a la tierra, promoviendo la equidad en las relaciones laborales agrícolas, y regulando la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Además, se buscaba promover el desarrollo sostenible de las zonas rurales, protegiendo el medio ambiente y fomentando prácticas agrícolas responsables. La reforma también consideró aspectos socioculturales como las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales, reconociendo su importancia en la gestión de la tierra y los recursos naturales. Se limitó el tamaño de las propiedades y se nacionalizaron las propiedades de más de 420 hectáreas, eliminando el latifundio. La segunda Ley de Reforma Agraria de 1963 propuso la nacionalización y adjudicación al Estado de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete hectáreas. Sin embargo, esta ley fue derogada e inaplicable en su totalidad por el Consejo de Ministros.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":" 34","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140999181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El interés de la presente investigación radica en la preocupación por la protección de los derechos fundamentales de las personas, en cuanto a la cuota de responsabilidad que tiene el Estado peruano para con todos los ciudadanos, a través de los distintos sectores o niveles de gobierno según su competencia y/o función jurisdiccional conforme les alcanza responsabilidad, y para el cumplimiento de estas obligaciones se sirve de distintas herramientas; pero, para los fines de esta investigación nos atañe el presupuesto público, más específicamente la devolución que debe realizar cada año las distintas instituciones públicas, debido a que ningún año se llega a gastar la totalidad del presupuesto asignado, como se advierte en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas; por lo que, la presente investigación pretende analizar la afectación jurídica que origina la devolución del presupuesto público en los derechos fundamentales en nuestro país. Maxime si el Estado encuentra su carácter ontológico en la defensa y protección de los derechos de sus integrantes, en el mismo sentido lo derechos fundamentales encuentran protección en la constitución política, estipulando que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad.
{"title":"Afectación Jurídica a los Derechos Fundamentales por la devolución del Presupuesto Público","authors":"Yesica Liliana Rodríguez Monzón","doi":"10.46363/derecho.v2i2.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v2i2.1","url":null,"abstract":"El interés de la presente investigación radica en la preocupación por la protección de los derechos fundamentales de las personas, en cuanto a la cuota de responsabilidad que tiene el Estado peruano para con todos los ciudadanos, a través de los distintos sectores o niveles de gobierno según su competencia y/o función jurisdiccional conforme les alcanza responsabilidad, y para el cumplimiento de estas obligaciones se sirve de distintas herramientas; pero, para los fines de esta investigación nos atañe el presupuesto público, más específicamente la devolución que debe realizar cada año las distintas instituciones públicas, debido a que ningún año se llega a gastar la totalidad del presupuesto asignado, como se advierte en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas; por lo que, la presente investigación pretende analizar la afectación jurídica que origina la devolución del presupuesto público en los derechos fundamentales en nuestro país. Maxime si el Estado encuentra su carácter ontológico en la defensa y protección de los derechos de sus integrantes, en el mismo sentido lo derechos fundamentales encuentran protección en la constitución política, estipulando que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":" 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141000993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
J. P. Palomino Manchego, Dante Martin Paiva Goyburu
A partir de la creciente atención que generan los procesos constitucionales, y que han tenido su correlato en sentencias sobre demandas de habeas corpus, amparo y otros casos que alcanzaron un impacto significativo en la opinión pública, consideramos oportuno investigar sobre la labor en la jurisdicción constitucional y las particularidades que se hacen frente en estos espacios. En este sentido, se presentan reflexiones siguiendo la estructura delCódigo Procesal Constitucional vigente, que ha tenido una actualización en el mes de julio de 2021, pero se ahonda sobre la falta de órganos competentes especializados competentes en lo constitucional, que resulta una condición prolongada dentro de la judicatura y que naturalmente pone en desventaja a los justiciables, toda vez que sus sentencias dependen en gran parte del país a juzgados y salas que carecen de la debida preparación para pronunciarse sobre estas causas.
{"title":"Los Procesos de Tutela de Derechos y las insuficiencias de la Jurisdicción Constitucional Peruana","authors":"J. P. Palomino Manchego, Dante Martin Paiva Goyburu","doi":"10.46363/derecho.v2i2.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v2i2.4","url":null,"abstract":"A partir de la creciente atención que generan los procesos constitucionales, y que han tenido su correlato en sentencias sobre demandas de habeas corpus, amparo y otros casos que alcanzaron un impacto significativo en la opinión pública, consideramos oportuno investigar sobre la labor en la jurisdicción constitucional y las particularidades que se hacen frente en estos espacios. \u0000En este sentido, se presentan reflexiones siguiendo la estructura delCódigo Procesal Constitucional vigente, que ha tenido una actualización en el mes de julio de 2021, pero se ahonda sobre la falta de órganos competentes especializados competentes en lo constitucional, que resulta una condición prolongada dentro de la judicatura y que naturalmente pone en desventaja a los justiciables, toda vez que sus sentencias dependen en gran parte del país a juzgados y salas que carecen de la debida preparación para pronunciarse sobre estas causas.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":" 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140999648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El presente artículo tiene por objetivo determinar cómo incide el machismo en las familias trujillanas, para ello se empleó la técnica de la encuesta la cual fue realizada a 10 personas dentro de ellas a profesionales expertos, recogiendo los datos de esta técnica empleada mostraron que se realizó y utilizo un enfoque cualitativo, Los resultados muestran que el 15% de los encuestados considera que el prototipo ideal que tiene toda mujer es casarse con un hombre, se encontró mucha discrepancia con el 1% que considera que un verdadero hombre es el que impone autoridad en el hogar. Por otro lado, el 3% se encontraba en dilema, ya que expresaron que tiene importancia que la mujer llegue virgen al matrimonio, por valores morales de la sociedad. Concluimos resaltando que la relación del hombre y la mujer con respeto al hogar debe ser equilibrada y por igual, sin embargo no repone la situaciones que se presentan en las familias disfuncionales con conductas machista y violentas en pleno siglo XXI, razón por la cual es de suma alerta de que el gobierno y la población estén conscientes, para que esto cambie y la casa que se supone debe ser nuestro refugio ante los peligros de la calle, no sea por dentro la pesadilla de un infierno entre los mismos integrantes de las familias.
{"title":"El machismo una epidemia en las sombras de las familias trujillanas, 2022","authors":"Stephanie Valeria Asmat Ferrel, Fátima Ariane Taboada Ascoy","doi":"10.46363/derecho.v2i2.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v2i2.5","url":null,"abstract":"El presente artículo tiene por objetivo determinar cómo incide el machismo en las familias trujillanas, para ello se empleó la técnica de la encuesta la cual fue realizada a 10 personas dentro de ellas a profesionales expertos, recogiendo los datos de esta técnica empleada mostraron que se realizó y utilizo un enfoque cualitativo, Los resultados muestran que el 15% de los encuestados considera que el prototipo ideal que tiene toda mujer es casarse con un hombre, se encontró mucha discrepancia con el 1% que considera que un verdadero hombre es el que impone autoridad en el hogar. Por otro lado, el 3% se encontraba en dilema, ya \u0000que expresaron que tiene importancia que la mujer llegue virgen al matrimonio, por valores morales de la sociedad. Concluimos resaltando que la relación del hombre y la mujer con respeto al hogar debe ser equilibrada y por igual, sin embargo no repone la situaciones que se presentan en las familias disfuncionales con conductas machista y violentas en pleno siglo XXI, razón por la cual es de suma alerta de que el gobierno y la población estén conscientes, para que esto cambie y la casa que se supone debe ser nuestro refugio ante los peligros de la calle, no sea por dentro la pesadilla de un infierno entre los mismos integrantes de las familias.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":" 88","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141000676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
María Fernanda Leiva Felipe, Evelin Yuliana Medrano Polo
La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el delito de extorsión incide en la inseguridad ciudadana en los habitantes del Distrito de Alto Trujillo-2022; se trata de un estudio de tipo cualitativo, diseño no experimental del nivel descriptivo explicativo, método de estudio inductivo, la muestra estuvo conformada por cuatro profesionales. El instrumento empleado fue la guía de entrevista. Los resultados fueron que la modalidad más utilizada actualmente y que genera mayor violencia en los pobladores del Alto Trujillo es el cobro de cupos, para garantizar la seguridad de las víctimas en el delito de extorsión es la implementación de agentes policiales especializados que ayudan a resguardar la vida e intereses de la víctima, no se señala estrategias específicas para desincentivar financieramente a los perpetradores, llegándose a la conclusión de que solo se recurre a la ayuda de agentes policiales, la modalidad más utilizada y genera mayor ventaja económica en los pobladores de Alto Trujillo es la extorsión agravada, los grupos o sectores que tienen mayor grado de amenaza frente el delito de extorsión son aquellos micro pequeños empresarios, los familiares de las víctimas de este delito son las que se ven afectadas ya que estas son tomadas como rehén a cambio de una suma de dinero , que las medidas que actualmente son implementadas en el Distrito de Alto Trujillo no son totalmente eficaces para combatir el delito de extorsión, ya que se es necesario aun que se cuente con más efectivos y vehículos policiales en diversas zonas.
{"title":"¿Extorsión, un laberinto sin salida?: Modalidades más empleadas en Alto Trujillo","authors":"María Fernanda Leiva Felipe, Evelin Yuliana Medrano Polo","doi":"10.46363/derecho.v2i2.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v2i2.3","url":null,"abstract":"La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el delito de extorsión incide en la inseguridad ciudadana en los habitantes del Distrito de Alto Trujillo-2022; se trata de un estudio de tipo cualitativo, diseño no experimental del nivel descriptivo explicativo, método de estudio inductivo, la muestra estuvo conformada por cuatro profesionales. El instrumento empleado fue la guía de entrevista. Los resultados fueron que la modalidad más utilizada actualmente y que genera mayor violencia en los pobladores del Alto Trujillo es el cobro de cupos, para garantizar la seguridad de las víctimas en el delito de extorsión es la implementación de agentes policiales especializados que ayudan a resguardar la vida e intereses de la víctima, no se señala estrategias específicas para desincentivar financieramente a los perpetradores, llegándose a la conclusión de que solo se recurre a la ayuda de agentes policiales, la modalidad más utilizada y genera mayor ventaja económica en los pobladores de Alto Trujillo es la extorsión agravada, los grupos o sectores que tienen mayor grado de amenaza frente el delito de extorsión son aquellos micro pequeños empresarios, los familiares de las víctimas de este delito son las que se ven afectadas ya que estas son tomadas como rehén a cambio de una suma de dinero , que las medidas que actualmente son implementadas en el Distrito de Alto Trujillo no son totalmente eficaces para combatir el delito de extorsión, ya que se es necesario aun que se cuente con más efectivos y vehículos policiales en diversas zonas.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":" 63","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141000724","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La investigación se basó en determinar las características que debe tener un delito para ser considerado de mínima lesividad; por ende, otorgársele la cesación automática de la prisión preventiva al amparo del Decreto Legislativo N° 1513; además, determinar si el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, es un delito de mínima lesividad; por consiguiente, los procesados por dicho delito podrían acceder a una cesación automática de prisión preventiva. El escenario de estudios fue el Juzgado de Investigación Preparatoria de Viru, La Libertad. El tipo de investigación es básica, con un diseño basado en la teoría fundamentada; siendo así, que para la obtención de información se realizó el análisis y observación de documentos de 03 procesos por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros previsto en el artículo 296 del Código Penal, además se ha considerado doctrina del Tribunal Constitucional. Los resultados obtenidos, pudo concluir que no es un delito de mínima lesividad y por consiguiente no se podría acceder a un excarcelación a través de la cesación automática de la prisión preventiva, también se estableció que el artículo 02 del Decreto Legislativo N° 1513, evidenció incongruencias al excluir del cese automático a delitos que por la pena no cabría imponer una prisión preventiva, además, contraviene el artículo 08 de la Constitución Política del Perú, ello respaldado con la Consulta N° 11407-2020 del 02 de junio del 2021 que aprobó el control difuso realizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Viru.
{"title":"Los delitos de mínima lesividad y el cese automático de la prisión preventiva","authors":"Leomara Junior Castro Juárez","doi":"10.46363/derecho.v1i2.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v1i2.6","url":null,"abstract":"La investigación se basó en determinar las características que debe tener un delito para ser considerado de mínima lesividad; por ende, otorgársele la cesación automática de la prisión preventiva al amparo del Decreto Legislativo N° 1513; además, determinar si el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, es un delito de mínima lesividad; por consiguiente, los procesados por dicho delito podrían acceder a una cesación automática de prisión preventiva. El escenario de estudios fue el Juzgado de Investigación Preparatoria de Viru, La Libertad. El tipo de investigación es básica, con un diseño basado en la teoría fundamentada; siendo así, que para la obtención de información se realizó el análisis y observación de documentos de 03 procesos por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros previsto en el artículo 296 del Código Penal, además se ha considerado doctrina del Tribunal Constitucional. Los resultados obtenidos, pudo concluir que no es un delito de mínima lesividad y por consiguiente no se podría acceder a un excarcelación a través de la cesación automática de la prisión preventiva, también se estableció que el artículo 02 del Decreto Legislativo N° 1513, evidenció incongruencias al excluir del cese automático a delitos que por la pena no cabría imponer una prisión preventiva, además, contraviene el artículo 08 de la Constitución Política del Perú, ello respaldado con la Consulta N° 11407-2020 del 02 de junio del 2021 que aprobó el control difuso realizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Viru.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124063891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Con la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante EAC), en el cual se incorpora con novedad muy significativa una Carta de Derechos; novedad que ha sido objeto de debates tanto en foros políticos como jurídicos. Si bien es cierto la inclusión de un catálogo de derechos en el EAC significa un avance importante a nivel autonómico; no obstante, el problema que se suscita es respecto a la exigibilidad de estos. Por ello, este ensayo tiene como finalidad examinar, de manera particular, si los derechos en el marco de los servicios sociales que se regulan en el EAC constituyen derechos subjetivos exigibles ante las autoridades competentes.
{"title":"Los derechos en el ámbito de los servicios sociales en el estatuto de autonomía de Cataluña","authors":"Diana Erika Farías Lazo","doi":"10.46363/derecho.v1i2.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v1i2.3","url":null,"abstract":"Con la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante EAC), en el cual se incorpora con novedad muy significativa una Carta de Derechos; novedad que ha sido objeto de debates tanto en foros políticos como jurídicos. Si bien es cierto la inclusión de un catálogo de derechos en el EAC significa un avance importante a nivel autonómico; no obstante, el problema que se suscita es respecto a la exigibilidad de estos. Por ello, este ensayo tiene como finalidad examinar, de manera particular, si los derechos en el marco de los servicios sociales que se regulan en el EAC constituyen derechos subjetivos exigibles ante las autoridades competentes.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125691603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El presente ensayo está orientado a establecer cuál es el bien jurídico protegido en el delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 389 del Código Penal, analizando la doctrina nacional y extranjera, como también la jurisprudencia nacional y legislación extranjeras. Así, para la doctrina nacional el bien jurídico tutelado genérico es la correcta administración de justicia y el específico, es preservar el principio de legalidad presupuestal, sin dejar de afirmar que la malversación ostenta un carácter patrimonial; a nivel internacional, sólo dos de cinco países asumen que el patrimonio es un bien jurídico tutelado en esta clase de delito; los otros tres, se orientan al normal funcionamiento de la administración pública y la regularidad del funcionamiento (actividad) patrimonial; en la jurisprudencia nacional, existe igual contradicción. Se consideró que, en el delito comentado, el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y, evidentemente, el patrimonio del Estado.
{"title":"El patrimonio del estado en el delito de malversación de fondos","authors":"Evelyn Patricia Astudillo Alberca","doi":"10.46363/derecho.v1i2.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v1i2.4","url":null,"abstract":"El presente ensayo está orientado a establecer cuál es el bien jurídico protegido en el delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 389 del Código Penal, analizando la doctrina nacional y extranjera, como también la jurisprudencia nacional y legislación extranjeras. Así, para la doctrina nacional el bien jurídico tutelado genérico es la correcta administración de justicia y el específico, es preservar el principio de legalidad presupuestal, sin dejar de afirmar que la malversación ostenta un carácter patrimonial; a nivel internacional, sólo dos de cinco países asumen que el patrimonio es un bien jurídico tutelado en esta clase de delito; los otros tres, se orientan al normal funcionamiento de la administración pública y la regularidad del funcionamiento (actividad) patrimonial; en la jurisprudencia nacional, existe igual contradicción. Se consideró que, en el delito comentado, el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia y, evidentemente, el patrimonio del Estado.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124883614","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La presente investigación tiene por objeto determinar aquellos factores que aplazan la atención de los procedimientos administrativos en las municipalidades del departamento de La Libertad. Para ello, se ha analizado las quejas presentadas por ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo contra diversas municipalidades (provinciales y distritales) del departamento de La Libertad por la demora en sus procedimientos administrativos; obteniendo como resultado que, los principales factores que aplazan los procedimientos administrativos en las municipalidades del mencionado departamento en Perú, son la carencia de prácticas de mejora en sus procesos de productividad y de gestión; lo que conlleva a concluir que las municipalidades no solamente vienen inobservando los lineamientos y obligaciones del Sistema de Modernización del Estado en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento establecido en la Ley N.° 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado” del 29 de enero del año dos mil dos; la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM, de fecha nueve de enero de dos mil trece, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N.° 123-2018-PCM, de fecha 18 de diciembre del año dos mil dieciocho; sino también, el derecho fundamental de petición establecido en la vigente Constitución Política del Perú de 1993.
{"title":"Factores que aplazan la atención de los procedimientos administrativos en las municipalidades de La Libertad","authors":"José Luis Agüero Lovatón","doi":"10.46363/derecho.v1i2.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v1i2.1","url":null,"abstract":"La presente investigación tiene por objeto determinar aquellos factores que aplazan la atención de los procedimientos administrativos en las municipalidades del departamento de La Libertad. Para ello, se ha analizado las quejas presentadas por ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo contra diversas municipalidades (provinciales y distritales) del departamento de La Libertad por la demora en sus procedimientos administrativos; obteniendo como resultado que, los principales factores que aplazan los procedimientos administrativos en las municipalidades del mencionado departamento en Perú, son la carencia de prácticas de mejora en sus procesos de productividad y de gestión; lo que conlleva a concluir que las municipalidades no solamente vienen inobservando los lineamientos y obligaciones del Sistema de Modernización del Estado en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento establecido en la Ley N.° 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado” del 29 de enero del año dos mil dos; la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM, de fecha nueve de enero de dos mil trece, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N.° 123-2018-PCM, de fecha 18 de diciembre del año dos mil dieciocho; sino también, el derecho fundamental de petición establecido en la vigente Constitución Política del Perú de 1993.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131431477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
En el presente trabajo se aborda el Principio de Confianza desde sus orígenes, identificándolo como parte de la normativización de la categoría jurídica de la Tipicidad en el Derecho Penal. En este estudio se parte como punto metodológico desde el concepto de Riesgo Permitido en tanto elemento central de la Teoría de la Imputación Objetiva, y a partir de él, se explica el contenido y alcances del Principio de Confianza. Asimismo, aborda integralmente el Principio de Confianza tanto en su formulación general, como en aquellos supuestos en que no resulta de aplicación por presentarse un supuesto de exclusión.
{"title":"El principio de confianza en el derecho penal ¿Se puede o se debe confiar?","authors":"Jairo Hernando Roldan Álvarez","doi":"10.46363/derecho.v1i2.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.46363/derecho.v1i2.5","url":null,"abstract":"En el presente trabajo se aborda el Principio de Confianza desde sus orígenes, identificándolo como parte de la normativización de la categoría jurídica de la Tipicidad en el Derecho Penal. \u0000En este estudio se parte como punto metodológico desde el concepto de Riesgo Permitido en tanto elemento central de la Teoría de la Imputación Objetiva, y a partir de él, se explica el contenido y alcances del Principio de Confianza. Asimismo, aborda integralmente el Principio de Confianza tanto en su formulación general, como en aquellos supuestos en que no resulta de aplicación por presentarse un supuesto de exclusión.","PeriodicalId":198916,"journal":{"name":"DERECHO UCT","volume":"335 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122750229","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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