La crisis vivida por el mundo por cuenta de la expansión del coronavirus denominado Covid-19 y la afectación de casi todas las actividades, se ha proyectado en todas las esferas humanas como la económica, la social, la cultural, la ambiental, la tecnológica, etc. El derecho obviamente no escapa de esta afectación y es aquí donde encontramos muchos aspectos problemáticos que deben ser discutidos por la academia con el fin de debatirlas y proponer respuestas a los múltiples interrogantes que se le plantean a la ciencia jurídica. Todos los países del mundo sin excepción se han visto afectados por esta pandemia. Sus gobiernos han debido actuar de diversas maneras con el fin de hacerle frente a este nuevo enemigo invisible que, sin armas de destrucción masiva, aniquiló los medios de producción, los empleos y la economía de casi todos los países del mundo poniendo en entredicho la eficacia del derecho frente a situaciones extraordinarias como las pandemias El primero de estos cuestionamientos lo plantean las decisiones generalizadas de muchos países, incluidas las democracias liberales, que han tomado medidas extraordinarias que sin duda alguna serían constitucionalmente problemáticas en tiempos normales. Es así como hemos sido testigos de cuarentenas ininterrumpidas de más de dos meses, una acción policiva que en muchos casos riñe con las libertades individuales, la suspensión de la economía, la movilidad ciudadana restringida y en muchos casos anulada como ha ocurrido con los viajes internacionales y toques de queda vigilados por militares. Todas estas medidas tienen una evidente justificación y es la protección de la salubridad pública y con ello la vida de todos los ciudadanos. Sin embargo, alarma por el progresivo deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales. Ante los controvertidos resultados de las medidas locales y nacionales de carácter policivo tomadas con el fin de enfrentar los contagios y que impactaron en el aumento de casos positivos y en la saturación de las unidades de cuidados intensivos, la única salida viable es la conciencia ciudadana. Frente a este complejo escenario, ha surgido un importante porcentaje de ciudadanos a nivel nacional e internacional que no están dispuestos a vacunarse. Son los denominados movimientos antivacunas que, por motivos sanitarios, religiosos, científicos, políticos o filosóficos, consideran que el acto de vacunarse supone un mayor perjuicio para su salud que el posible beneficio que pueda aportar. De cara a esta preocupante situación, diversos sectores le han propuesto que se imponga una obligatoriedad para la aplicación de la vacuna en contra del Covid-19, aduciendo motivos de salud pública y la imposición del derecho colectivo frente a los derechos individuales. Sin embargo, se considera inviable desde una perspectiva constitucional, obligar a un individuo a vacunarse, pues existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía personal que fac
{"title":"¿Obligatoriedad de la vacuna contra el virus del covid-19?","authors":"Germán Alfonso López Daza","doi":"10.25054/16576799.3371","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.3371","url":null,"abstract":"La crisis vivida por el mundo por cuenta de la expansión del coronavirus denominado Covid-19 y la afectación de casi todas las actividades, se ha proyectado en todas las esferas humanas como la económica, la social, la cultural, la ambiental, la tecnológica, etc. \u0000El derecho obviamente no escapa de esta afectación y es aquí donde encontramos muchos aspectos problemáticos que deben ser discutidos por la academia con el fin de debatirlas y proponer respuestas a los múltiples interrogantes que se le plantean a la ciencia jurídica. \u0000Todos los países del mundo sin excepción se han visto afectados por esta pandemia. Sus gobiernos han debido actuar de diversas maneras con el fin de hacerle frente a este nuevo enemigo invisible que, sin armas de destrucción masiva, aniquiló los medios de producción, los empleos y la economía de casi todos los países del mundo poniendo en entredicho la eficacia del derecho frente a situaciones extraordinarias como las pandemias \u0000El primero de estos cuestionamientos lo plantean las decisiones generalizadas de muchos países, incluidas las democracias liberales, que han tomado medidas extraordinarias que sin duda alguna serían constitucionalmente problemáticas en tiempos normales. \u0000Es así como hemos sido testigos de cuarentenas ininterrumpidas de más de dos meses, una acción policiva que en muchos casos riñe con las libertades individuales, la suspensión de la economía, la movilidad ciudadana restringida y en muchos casos anulada como ha ocurrido con los viajes internacionales y toques de queda vigilados por militares. \u0000Todas estas medidas tienen una evidente justificación y es la protección de la salubridad pública y con ello la vida de todos los ciudadanos. Sin embargo, alarma por el progresivo deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales. \u0000Ante los controvertidos resultados de las medidas locales y nacionales de carácter policivo tomadas con el fin de enfrentar los contagios y que impactaron en el aumento de casos positivos y en la saturación de las unidades de cuidados intensivos, la única salida viable es la conciencia ciudadana. \u0000Frente a este complejo escenario, ha surgido un importante porcentaje de ciudadanos a nivel nacional e internacional que no están dispuestos a vacunarse. Son los denominados movimientos antivacunas que, por motivos sanitarios, religiosos, científicos, políticos o filosóficos, consideran que el acto de vacunarse supone un mayor perjuicio para su salud que el posible beneficio que pueda aportar. \u0000De cara a esta preocupante situación, diversos sectores le han propuesto que se imponga una obligatoriedad para la aplicación de la vacuna en contra del Covid-19, aduciendo motivos de salud pública y la imposición del derecho colectivo frente a los derechos individuales. \u0000Sin embargo, se considera inviable desde una perspectiva constitucional, obligar a un individuo a vacunarse, pues existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autonomía personal que fac","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44376026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
En este artículo de investigación se aborda el tema relacionado con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y los Decretos Legislativos expedidos en Colombia en el año 2020 debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Frente a dicha situación, la Corte Constitucional ejerció control previo y automático de 115 Decretos Legislativos expedidos durante el Estado de Excepción y declaró numerosas inexequibilidades. Como objetivo principal del artículo, se encuentra el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional por medio de las cuales se revisan los 115 Decretos Legislativos, para determinar la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales. Este artículo se desarrolló bajo un enfoque analítico-descriptivo, pues se detallan las características de los Estados de Emergencia; se menciona la forma en que la Corte ejerce control constitucional (formal y material); y se analiza de forma detallada toda la jurisprudencia de la Corte mediante la cual se ejerce control constitucional. Todo lo anterior se realiza, para finalmente llegar a la conclusión de que efectivamente algunos de los Decretos Legislativos vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la cultura, a la identidad nacional, a la igualdad, al trabajo, entre otros.
{"title":"Control constitucional del Estado de excepción y los decretos expedidos en Colombia durante el año 2020 con ocurrencia del Covid-19 y la vulneración de derechos fundamentales","authors":"María Alejandra Castro Hernández","doi":"10.25054/16576799.3209","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.3209","url":null,"abstract":"En este artículo de investigación se aborda el tema relacionado con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y los Decretos Legislativos expedidos en Colombia en el año 2020 debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Frente a dicha situación, la Corte Constitucional ejerció control previo y automático de 115 Decretos Legislativos expedidos durante el Estado de Excepción y declaró numerosas inexequibilidades. Como objetivo principal del artículo, se encuentra el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional por medio de las cuales se revisan los 115 Decretos Legislativos, para determinar la existencia de vulneración de Derechos Fundamentales. Este artículo se desarrolló bajo un enfoque analítico-descriptivo, pues se detallan las características de los Estados de Emergencia; se menciona la forma en que la Corte ejerce control constitucional (formal y material); y se analiza de forma detallada toda la jurisprudencia de la Corte mediante la cual se ejerce control constitucional. Todo lo anterior se realiza, para finalmente llegar a la conclusión de que efectivamente algunos de los Decretos Legislativos vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la cultura, a la identidad nacional, a la igualdad, al trabajo, entre otros.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48197806","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jose Luis Filigrana Cortes, Adriana María Buitrago Escobar
A través de la implementación de un mecanismo de justicia alternativo, como lo es la “Justicia Transicional.” Se han consolidado acuerdos para la terminación del conflicto armado, entre el desmovilizado grupo FARC EP y el Estado colombiano, que referente a la búsqueda de una salida a tal conflicto, han decidido silenciar las armas y darles vida a las ideas, mediante los denominados diálogos de paz. La consecución exitosa de tales acuerdos, radica en que la discriminación laboral a excombatientes, se suprima. Para tal fin, el presente artículo, tuvo como objeto, analizar la aplicación de las teorías de la Legislación y la Responsabilidad Social Empresarial, en adelante R.S.E., como al otorgarles a las empresas de Colombia –públicas o privadas- la exigencia moral de garantizar el derecho al trabajo para lograr su reinserción a la vida civil. En la misma línea, y bajo la implementación de la Reforma Rural Integral, en adelante, R.R.I. surge como un mecanismo agente de paz, capaz de crear fuentes de acceso a un empleo digno para excombatientes, en aras de erradicar la posibilidad de la retoma de las armas por parte de la referida población, ello en cumplimiento con el acuerdo y con el objeto principal de consolidar el acceso al trabajo como una garantía apropiada de no repetición.
{"title":"La teoría de la Legislación, la reforma rural integral y la responsabilidad social empresarial, frente a la vinculación laboral de excombatientes en el pos-conflicto colombiano","authors":"Jose Luis Filigrana Cortes, Adriana María Buitrago Escobar","doi":"10.25054/16576799.2454","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2454","url":null,"abstract":"A través de la implementación de un mecanismo de justicia alternativo, como lo es la “Justicia Transicional.” Se han consolidado acuerdos para la terminación del conflicto armado, entre el desmovilizado grupo FARC EP y el Estado colombiano, que referente a la búsqueda de una salida a tal conflicto, han decidido silenciar las armas y darles vida a las ideas, mediante los denominados diálogos de paz. La consecución exitosa de tales acuerdos, radica en que la discriminación laboral a excombatientes, se suprima. Para tal fin, el presente artículo, tuvo como objeto, analizar la aplicación de las teorías de la Legislación y la Responsabilidad Social Empresarial, en adelante R.S.E., como al otorgarles a las empresas de Colombia –públicas o privadas- la exigencia moral de garantizar el derecho al trabajo para lograr su reinserción a la vida civil. En la misma línea, y bajo la implementación de la Reforma Rural Integral, en adelante, R.R.I. surge como un mecanismo agente de paz, capaz de crear fuentes de acceso a un empleo digno para excombatientes, en aras de erradicar la posibilidad de la retoma de las armas por parte de la referida población, ello en cumplimiento con el acuerdo y con el objeto principal de consolidar el acceso al trabajo como una garantía apropiada de no repetición. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69172640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes implementado desde el año 2010 en Bogotá, ha sido una estrategia operativa para mejorar el plan de acción policial ante amenazas distribuidas en zonas relativamente pequeñas. Ahora bien, la evaluación de esta política no se ha medido en términos de eficacia en la disminución del crimen en barrios. Por esta razón, se decidió hacer un análisis para evaluar el impacto de dicho plan en Chapinero Central al ser el barrio con más denuncias de hurto de Bogotá. Los resultados de esta investigación otorgan luces para entender que el plan es eficaz pero el objetivo del mismo es el que parece ceñirse a una política que no tiene en cuenta la situación que se presenta en el barrio y por ende, los resultados no son los deseados.
{"title":"Impacto del plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes en la seguridad ciudadana del barrio Chapinero Central en Bogotá 2015-2018","authors":"César Emilio Torres Reyes","doi":"10.25054/16576799.2515","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2515","url":null,"abstract":"El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes implementado desde el año 2010 en Bogotá, ha sido una estrategia operativa para mejorar el plan de acción policial ante amenazas distribuidas en zonas relativamente pequeñas. Ahora bien, la evaluación de esta política no se ha medido en términos de eficacia en la disminución del crimen en barrios. Por esta razón, se decidió hacer un análisis para evaluar el impacto de dicho plan en Chapinero Central al ser el barrio con más denuncias de hurto de Bogotá. Los resultados de esta investigación otorgan luces para entender que el plan es eficaz pero el objetivo del mismo es el que parece ceñirse a una política que no tiene en cuenta la situación que se presenta en el barrio y por ende, los resultados no son los deseados. \u0000 ","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46915780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Juan Carlos Mendoza Pérez, Aymara Jasorray Veranes, Liuver Camilo Momblanc
La problemática que hoy genera la inexistencia de una opinión unánime referido al consentimiento penal, que de algún modo conmine a que los cuerpos normativos penales lo declaren o acojan de manera expresa en su texto; y la verdadera existencia de una laguna cognitiva en nuestro país relacionado con nuestro objeto de estudio, motivan esta investigación. A partir de la sistematización de los presupuestos teóricos que la sustentan, su fundamentación como causa de atipicidad, justificación o atenuación de la sanción penal y el estudio de Derecho comparado, se identifican tales deficiencias. Como principal resultado, se obtiene una propuesta de regulación de la institución en sede penal, en aras de que constituya una garantía para la seguridad y certidumbre del tráfico jurídico.
{"title":"El consentimiento en sede penal. Propuestas de regulación","authors":"Juan Carlos Mendoza Pérez, Aymara Jasorray Veranes, Liuver Camilo Momblanc","doi":"10.25054/16576799.2547","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2547","url":null,"abstract":"La problemática que hoy genera la inexistencia de una opinión unánime referido al consentimiento penal, que de algún modo conmine a que los cuerpos normativos penales lo declaren o acojan de manera expresa en su texto; y la verdadera existencia de una laguna cognitiva en nuestro país relacionado con nuestro objeto de estudio, motivan esta investigación. A partir de la sistematización de los presupuestos teóricos que la sustentan, su fundamentación como causa de atipicidad, justificación o atenuación de la sanción penal y el estudio de Derecho comparado, se identifican tales deficiencias. Como principal resultado, se obtiene una propuesta de regulación de la institución en sede penal, en aras de que constituya una garantía para la seguridad y certidumbre del tráfico jurídico.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47064029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Este artículo es resultado de una investigación realizada con ocasión de la Maestría en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad del Rosario, e intenta presentar la situación de déficit de participación de las comunidades afectadas con el desarrollo de proyectos extractivos. Se pretende evidenciar que la realización de megaproyectos extractivos en el Departamento del Caquetá genera, de un lado, implicaciones sociales, económicas y culturales, y de otro lado, afecta los derechos humanos de la población involucrada. Por lo cual, se propone hacer una revisión del derecho y deber constitucional a la participación en Colombia, los mecanismos de participación y el desarrollo desigual que, frente a cuestiones socioambientales, ha tenido ese derecho respecto a diferentes poblaciones afectadas.
{"title":"Lecciones de la participación ciudadana en el departamento del Caquetá frente al desarrollo de proyectos extractivos","authors":"Diego Alejandro Grajales Trujillo","doi":"10.25054/16576799.2724","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2724","url":null,"abstract":"Este artículo es resultado de una investigación realizada con ocasión de la Maestría en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad del Rosario, e intenta presentar la situación de déficit de participación de las comunidades afectadas con el desarrollo de proyectos extractivos. Se pretende evidenciar que la realización de megaproyectos extractivos en el Departamento del Caquetá genera, de un lado, implicaciones sociales, económicas y culturales, y de otro lado, afecta los derechos humanos de la población involucrada. Por lo cual, se propone hacer una revisión del derecho y deber constitucional a la participación en Colombia, los mecanismos de participación y el desarrollo desigual que, frente a cuestiones socioambientales, ha tenido ese derecho respecto a diferentes poblaciones afectadas.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45046249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Andrés Figueroa Galvis, Julián Alberto Holguín Cardozo
El presente artículo tiene como propósito fundamental establecer una postura crítica frente a la política pública en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y a su vez proporcionar un análisis sobre la efectividad del Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como herramienta para frenar la siembra, producción y tráfico de drogas en el territorio nacional. Pues se reconoce que este fenómeno ha tomado gran trascendencia en el ámbito nacional e internacional, y se ha convertido en uno de los principales focos que ha promovido la degradación del tejido social a lo largo de los últimos cincuenta años. En ese orden, abarcaremos en primer lugar la concepción teórica de una política pública, posteriormente nos referiremos sobre la efectividad del PNIS a nivel local.
{"title":"Hacia un nuevo concepto de política pública","authors":"Andrés Figueroa Galvis, Julián Alberto Holguín Cardozo","doi":"10.25054/16576799.2868","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2868","url":null,"abstract":"El presente artículo tiene como propósito fundamental establecer una postura crítica frente a la política pública en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y a su vez proporcionar un análisis sobre la efectividad del Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como herramienta para frenar la siembra, producción y tráfico de drogas en el territorio nacional. Pues se reconoce que este fenómeno ha tomado gran trascendencia en el ámbito nacional e internacional, y se ha convertido en uno de los principales focos que ha promovido la degradación del tejido social a lo largo de los últimos cincuenta años. En ese orden, abarcaremos en primer lugar la concepción teórica de una política pública, posteriormente nos referiremos sobre la efectividad del PNIS a nivel local.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44544304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
When we talk about land grabbing, or problems around land, we do not really think that this is a phenomenon that is also occurring within the EU, but rather we think mainly of other parts of the world, such as the Global South, Latin American states or Africa. However, the reality is that in Europe today, the concentration of land under increasingly large farms controlled by fewer hands (partly as a result of land grabbing and reduced access to land for small-scale food producers) is accelerating. The aim of our work is to provide an overall legal, social and political analysis of the phenomenon of land grabbing, particularly of agricultural land, within the EU, presenting the main legal and political challenges that arise ad intra. We will also focus on the analysis of certain European Directives that have an impact on the Union's policy on biofuels and therefore also on possible ad extra land grabs that are carried out within the framework of the European Union. The issues presented in this work are complex and multidisciplinary, so we can approach them from different perspectives. However, in order to shorten the scope of the study, we have taken into account the basis of land grabbing within the framework of European Union law. In this sense, the scientific method that has been used is the legal-sociological one, insofar as it is the one that we consider the most appropriate for the multidisciplinary approach. This method consists of analyzing the current state of the rules and the interrelationship between the possible legal sources but taking into account the social, economic, political and historical elements that allow to explain the effectiveness, rationale and applicability of the rules. This work has also required the use of a variety of methodological techniques, such as social and legal analysis, legal deduction and induction, description and interdisciplinarity.
{"title":"Deciphering the phenomenon of land grabbing within the framework of the European Union","authors":"Adriana Fillol Mazo, José Soriano García","doi":"10.25054/16576799.2379","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2379","url":null,"abstract":"When we talk about land grabbing, or problems around land, we do not really think that this is a phenomenon that is also occurring within the EU, but rather we think mainly of other parts of the world, such as the Global South, Latin American states or Africa. However, the reality is that in Europe today, the concentration of land under increasingly large farms controlled by fewer hands (partly as a result of land grabbing and reduced access to land for small-scale food producers) is accelerating. The aim of our work is to provide an overall legal, social and political analysis of the phenomenon of land grabbing, particularly of agricultural land, within the EU, presenting the main legal and political challenges that arise ad intra. \u0000 \u0000We will also focus on the analysis of certain European Directives that have an impact on the Union's policy on biofuels and therefore also on possible ad extra land grabs that are carried out within the framework of the European Union. The issues presented in this work are complex and multidisciplinary, so we can approach them from different perspectives. However, in order to shorten the scope of the study, we have taken into account the basis of land grabbing within the framework of European Union law. In this sense, the scientific method that has been used is the legal-sociological one, insofar as it is the one that we consider the most appropriate for the multidisciplinary approach. This method consists of analyzing the current state of the rules and the interrelationship between the possible legal sources but taking into account the social, economic, political and historical elements that allow to explain the effectiveness, rationale and applicability of the rules. This work has also required the use of a variety of methodological techniques, such as social and legal analysis, legal deduction and induction, description and interdisciplinarity.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46251828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Desde finales del año 2019 la humanidad tuvo que enfrentar una de las peores pandemias desde la denominada gripe española –que dejó millones de muertos a comienzos del siglo XX–, a raíz del surgimiento de una nueva especie coronavirus que al parecer saltó de alguna especie de murciélago hacia el ser humano. Si bien los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), el coronavirus descubierto por un brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019, tiene la particularidad de engañar al sistema inmunológico del ser humano que no lo puede detectar cuando ingresa al cuerpo. Una vez invade al individuo, lo puede transmitir fácilmente a otros sin que sepa que es portador por lo que se hace difícil su detección (OMS, 2020). Fue denominado COVID-19 por la abreviatura “CO” correspondiente a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”) y 19 por el año de su aparición. El COVID-19 se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2), que si bien en la mayoría de las personas que se contagian pueden tener síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización, en otros casos puede ser fatal y causar complicaciones respiratorias que pueden llevar a la muerte al contagiado. Debido a esta situación a todas luces extraordinaria, buena parte de los Estados del mundo declararon estados de excepción o de emergencia sanitaria, lo cual les permitió adoptar medidas extraordinarias para combatir al nuevo enemigo invisible y tratar de aminorar el impacto en sus economías. Declarar el estado de emergencia tiene consecuencias de gran alcance para todos los ciudadanos, sobre todo porque los derechos básicos se suspenden con frecuencia en caso de emergencia. Pero declarar dicho estado también tiene efectos profundos para el equilibrio de poderes dentro del gobierno: el poder tanto del legislativo como del judicial suele reducirse en beneficio del ejecutivo. Una interpretación caritativa de por qué los gobiernos llaman estados de emergencia sería, por lo tanto, que los poderes adicionales otorgados por la constitución son necesarios para actuar con rapidez y la debida diligencia para salvar a las personas y aliviar las consecuencias sociales y económicas de las emergencias. Pero un gobierno también puede declarar un estado de emergencia porque está ansioso por utilizar los poderes adicionales en su propio favor, por ejemplo, para debilitar a su oposición política. Como tal, los estados de excepción pueden ser convocados por razones no asociadas con emergencias reales, sino como una herramienta para mejorar las posibilidades de permanecer en el cargo o para implementar políticas que de otro modo estarían bloqueadas. La crisis vivida por casi todos los países del mundo en el año 2020 por cu
{"title":"El derecho frente a la pandemia del coronavirus COVID-19","authors":"Germán Alfonso López Daza","doi":"10.25054/16576799.3126","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.3126","url":null,"abstract":"Desde finales del año 2019 la humanidad tuvo que enfrentar una de las peores pandemias desde la denominada gripe española –que dejó millones de muertos a comienzos del siglo XX–, a raíz del surgimiento de una nueva especie coronavirus que al parecer saltó de alguna especie de murciélago hacia el ser humano. \u0000Si bien los coronavirus son una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), el coronavirus descubierto por un brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019, tiene la particularidad de engañar al sistema inmunológico del ser humano que no lo puede detectar cuando ingresa al cuerpo. Una vez invade al individuo, lo puede transmitir fácilmente a otros sin que sepa que es portador por lo que se hace difícil su detección (OMS, 2020). \u0000Fue denominado COVID-19 por la abreviatura “CO” correspondiente a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (“enfermedad”) y 19 por el año de su aparición. El COVID-19 se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2), que si bien en la mayoría de las personas que se contagian pueden tener síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización, en otros casos puede ser fatal y causar complicaciones respiratorias que pueden llevar a la muerte al contagiado. \u0000Debido a esta situación a todas luces extraordinaria, buena parte de los Estados del mundo declararon estados de excepción o de emergencia sanitaria, lo cual les permitió adoptar medidas extraordinarias para combatir al nuevo enemigo invisible y tratar de aminorar el impacto en sus economías. \u0000Declarar el estado de emergencia tiene consecuencias de gran alcance para todos los ciudadanos, sobre todo porque los derechos básicos se suspenden con frecuencia en caso de emergencia. Pero declarar dicho estado también tiene efectos profundos para el equilibrio de poderes dentro del gobierno: el poder tanto del legislativo como del judicial suele reducirse en beneficio del ejecutivo. \u0000Una interpretación caritativa de por qué los gobiernos llaman estados de emergencia sería, por lo tanto, que los poderes adicionales otorgados por la constitución son necesarios para actuar con rapidez y la debida diligencia para salvar a las personas y aliviar las consecuencias sociales y económicas de las emergencias. \u0000Pero un gobierno también puede declarar un estado de emergencia porque está ansioso por utilizar los poderes adicionales en su propio favor, por ejemplo, para debilitar a su oposición política. Como tal, los estados de excepción pueden ser convocados por razones no asociadas con emergencias reales, sino como una herramienta para mejorar las posibilidades de permanecer en el cargo o para implementar políticas que de otro modo estarían bloqueadas. \u0000La crisis vivida por casi todos los países del mundo en el año 2020 por cu","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43678924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Este artículo analiza los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como la diversa normativa internacional que ha servido de base para la estructuración del marco normativo de la restitución de tierras, los principios como pilares fundamentales, las diferentes interpretaciones y órdenes, impartidas por el Juez Constitucional, principalmente de la Corte Constitucional colombiana. Este artículo predica la importancia de los principios de buena fe, igualdad, debido proceso, entre otros. También, se analiza la Justicia Transicional como instrumento Estatal para la consecución de la paz y de la restitución de tierras, la importancia de la sentencia T-025 de 2004. Además, se hace un análisis del concepto de desplazamiento forzado, analizando la situación de las víctimas, sus opciones más relevantes para el retorno o la reubicación y las garantías que los cobijan para superar ese flagelo. Finalmente se acudirá al concepto de bloque de constitucionalidad, figura jurídica mediante la cual se ha introducido importantes principios rectores sobre derechos humanos y sobre derechos de propiedad y de reparación a las víctimas.
{"title":"Fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales de la restitución de tierras en Colombia","authors":"Diana Carolina Guzmán Sarmiento, Julián Ignacio Ordoñez Losada","doi":"10.25054/16576799.2872","DOIUrl":"https://doi.org/10.25054/16576799.2872","url":null,"abstract":"Este artículo analiza los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como la diversa normativa internacional que ha servido de base para la estructuración del marco normativo de la restitución de tierras, los principios como pilares fundamentales, las diferentes interpretaciones y órdenes, impartidas por el Juez Constitucional, principalmente de la Corte Constitucional colombiana. \u0000 \u0000Este artículo predica la importancia de los principios de buena fe, igualdad, debido proceso, entre otros. También, se analiza la Justicia Transicional como instrumento Estatal para la consecución de la paz y de la restitución de tierras, la importancia de la sentencia T-025 de 2004. Además, se hace un análisis del concepto de desplazamiento forzado, analizando la situación de las víctimas, sus opciones más relevantes para el retorno o la reubicación y las garantías que los cobijan para superar ese flagelo. Finalmente se acudirá al concepto de bloque de constitucionalidad, figura jurídica mediante la cual se ha introducido importantes principios rectores sobre derechos humanos y sobre derechos de propiedad y de reparación a las víctimas.","PeriodicalId":33203,"journal":{"name":"Revista Juridica Pielagus","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41804493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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