Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10961
Manuel Rebollo Puig
En Derecho Administrativo sancionador se parte de reglas claras sobre la retroactividad o irretroactividad de sus normas. Pero su aplicación suscita dudas. Para solventarlas, se ha analizado separadamente la regla de la prohibición de la retroactividad desfavorable y la de la obligada retroactividad favorable. Las soluciones que se ofrecen respecto a la primera, cuyos fundamentos son sólidos, tienden a su radical entendimiento; pero se excluye de su ámbito las normas procedimentales y las relativas a la ejecución de las sanciones. Además, se aborda la cuestión del momento en que han de entenderse cometidas las infracciones. Muy distinto es el enfoque que merece la regla de la obligada retroactividad favorable, de fundamento positivo y material más endeble. Con ese punto de vista, se trata de restringir su ámbito de aplicación para no llevarla más allá de los casos en que el legislador ha cambiado su valoración negativa de la conducta. Asimismo, se analiza hasta qué momento cabe esta aplicación retroactiva. Y para ambas reglas se exponen las consecuencias de su violación y las vías de reacción.
{"title":"Sucesión de normas administrativas sancionadoras: irretroactividad y excepciones","authors":"Manuel Rebollo Puig","doi":"10.24965/reala.i16.10961","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10961","url":null,"abstract":"En Derecho Administrativo sancionador se parte de reglas claras sobre la retroactividad o irretroactividad de sus normas. Pero su aplicación suscita dudas. Para solventarlas, se ha analizado separadamente la regla de la prohibición de la retroactividad desfavorable y la de la obligada retroactividad favorable. Las soluciones que se ofrecen respecto a la primera, cuyos fundamentos son sólidos, tienden a su radical entendimiento; pero se excluye de su ámbito las normas procedimentales y las relativas a la ejecución de las sanciones. Además, se aborda la cuestión del momento en que han de entenderse cometidas las infracciones. Muy distinto es el enfoque que merece la regla de la obligada retroactividad favorable, de fundamento positivo y material más endeble. Con ese punto de vista, se trata de restringir su ámbito de aplicación para no llevarla más allá de los casos en que el legislador ha cambiado su valoración negativa de la conducta. Asimismo, se analiza hasta qué momento cabe esta aplicación retroactiva. Y para ambas reglas se exponen las consecuencias de su violación y las vías de reacción.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43633412","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10947
Miguel Casino Rubio
Habitualmente las leyes administrativas cuando tipifican infracciones se encargan también de clasificarlas en función de su gravedad. Pero no siempre es así. No son pocas, de hecho, las leyes que confían esa operación de clasificación al desarrollo reglamentario o, como es más común que suceda, a la propia Administración sancionadora. Este artículo analiza esta forma de tipificación de las infracciones y alerta sobre las principales debilidades de la tesis hoy dominante que niega su constitucionalidad.
{"title":"La graduación ad hoc de las infracciones. Motivos para la discusión","authors":"Miguel Casino Rubio","doi":"10.24965/reala.i16.10947","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10947","url":null,"abstract":"Habitualmente las leyes administrativas cuando tipifican infracciones se encargan también de clasificarlas en función de su gravedad. Pero no siempre es así. No son pocas, de hecho, las leyes que confían esa operación de clasificación al desarrollo reglamentario o, como es más común que suceda, a la propia Administración sancionadora. Este artículo analiza esta forma de tipificación de las infracciones y alerta sobre las principales debilidades de la tesis hoy dominante que niega su constitucionalidad.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45102608","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10994
Francisco Velasco Caballero
Los fondos Next Generation EU, creados por la Unión Europea para la recuperación y la transformación económica tras la epidemia de Covid-19, requieren de una ingente actividad administrativa de los Estados miembros. No sólo de la Administración estatal, sino también las Administraciones autonómicas y locales. Para la gestión de los fondos europeos, el Gobierno español ha dictado el Real Decreto-Ley 36/2020, con numerosas medidas de agilización y simplificación administrativas. El ámbito de aplicación de estas medidas es muy diverso: algunas se aplican a todas las Administraciones públicas; otras sólo a la Administración estatal. Se plantea a partir de aquí en qué medida las distintas normas del Real Decreto-Ley 36/2020 son directa o supletoriamente aplicables a las entidades locales, cuando ejecuten proyectos financiados con los fondos Next Generation EU.
{"title":"Aplicación del régimen administrativo especial de los fondos Next Generation EU a las entidades locales","authors":"Francisco Velasco Caballero","doi":"10.24965/reala.i16.10994","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10994","url":null,"abstract":"Los fondos Next Generation EU, creados por la Unión Europea para la recuperación y la transformación económica tras la epidemia de Covid-19, requieren de una ingente actividad administrativa de los Estados miembros. No sólo de la Administración estatal, sino también las Administraciones autonómicas y locales. Para la gestión de los fondos europeos, el Gobierno español ha dictado el Real Decreto-Ley 36/2020, con numerosas medidas de agilización y simplificación administrativas. El ámbito de aplicación de estas medidas es muy diverso: algunas se aplican a todas las Administraciones públicas; otras sólo a la Administración estatal. Se plantea a partir de aquí en qué medida las distintas normas del Real Decreto-Ley 36/2020 son directa o supletoriamente aplicables a las entidades locales, cuando ejecuten proyectos financiados con los fondos Next Generation EU.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45061217","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10979
José Antonio Tirado Barrera
El presente trabajo estudia el acto de incoación del procedimiento sancionador con el objetivo de analizar los efectos que una defectuosa motivación del mismo podría producir respecto de los derechos fundamentales de los sujetos imputados y de otros posibles interesados.
在这一过程中，我们发现了一种机制，在这种机制中，被指控的人的基本权利受到了不适当的动机的影响。
{"title":"Notas sobre el acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador","authors":"José Antonio Tirado Barrera","doi":"10.24965/reala.i16.10979","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10979","url":null,"abstract":"El presente trabajo estudia el acto de incoación del procedimiento sancionador con el objetivo de analizar los efectos que una defectuosa motivación del mismo podría producir respecto de los derechos fundamentales de los sujetos imputados y de otros posibles interesados.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43085277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10960
Marc Martí-Costa, Cecilia Isabel Conde Lopez
Este artículo presenta la evolución en la contratación pública local en el ámbito de los servicios de atención a las personas en Barcelona, a partir de los cambios introducidos en la legislación y códigos de buenas prácticas que pretenden acciones positivas hacia los licitadores que demuestren conciencia social y buenas prácticas para aumentar la eficiencia social, económica e innovadora de la inversión pública municipal. A partir de estos cambios, se describe la evolución de la naturaleza jurídica de los licitantes y los adjudicatarios, diferenciando entre empresas mercantiles y entidades del tercer sector social, para examinar el posible vínculo entre los cambios mencionados y el tipo de licitador y adjudicatario. Para ello, se analizan los contratos en el ámbito de los servicios de atención a las personas realizados por el ayuntamiento de Barcelona, y otros siete municipios de Catalunya, entre 2017 y 2019. Los resultados identifican factores e innovaciones introducidas que suponen una acción positiva hacia las entidades del tercer sector social. Sin embargo, en general, se evidencia un mayor grado de competitividad de las empresas mercantiles en los contratos de este tipo de servicios, tanto en número de casos como en volumen presupuestario, a pesar de los cambios introducidos.
{"title":"¿Las cláusulas sociales en los contratos favorecen a las entidades del tercer sector? La evolución de la contratación pública local en el ámbito de los servicios de atención a las personas en Barcelona","authors":"Marc Martí-Costa, Cecilia Isabel Conde Lopez","doi":"10.24965/reala.i16.10960","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10960","url":null,"abstract":"Este artículo presenta la evolución en la contratación pública local en el ámbito de los servicios de atención a las personas en Barcelona, a partir de los cambios introducidos en la legislación y códigos de buenas prácticas que pretenden acciones positivas hacia los licitadores que demuestren conciencia social y buenas prácticas para aumentar la eficiencia social, económica e innovadora de la inversión pública municipal. A partir de estos cambios, se describe la evolución de la naturaleza jurídica de los licitantes y los adjudicatarios, diferenciando entre empresas mercantiles y entidades del tercer sector social, para examinar el posible vínculo entre los cambios mencionados y el tipo de licitador y adjudicatario. Para ello, se analizan los contratos en el ámbito de los servicios de atención a las personas realizados por el ayuntamiento de Barcelona, y otros siete municipios de Catalunya, entre 2017 y 2019. Los resultados identifican factores e innovaciones introducidas que suponen una acción positiva hacia las entidades del tercer sector social. Sin embargo, en general, se evidencia un mayor grado de competitividad de las empresas mercantiles en los contratos de este tipo de servicios, tanto en número de casos como en volumen presupuestario, a pesar de los cambios introducidos.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44655806","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10990
Mariano López Benítez, Patricia Soriano Bautista
El TS, en su reciente sentencia 954/2021, de 1/7, aborda por vez primera la interpretación del complejo art. 68.4 LPAC. Por las características del caso, el TS considera que las consecuencias reseñadas por ese precepto no son aplicables a los procedimientos revisorios. Sin embargo, son muchas las dudas interpretativas que el art. 68.4 continúa planteando y que son analizadas al hilo de este comentario.
{"title":"Un comentario a propósito del art. 68. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y de la sentencia de casación de la sala tercera del tribunal supremo núm. 954/2021, de 1 de julio","authors":"Mariano López Benítez, Patricia Soriano Bautista","doi":"10.24965/reala.i16.10990","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10990","url":null,"abstract":"El TS, en su reciente sentencia 954/2021, de 1/7, aborda por vez primera la interpretación del complejo art. 68.4 LPAC. Por las características del caso, el TS considera que las consecuencias reseñadas por ese precepto no son aplicables a los procedimientos revisorios. Sin embargo, son muchas las dudas interpretativas que el art. 68.4 continúa planteando y que son analizadas al hilo de este comentario.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42508602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10965
Diana Santiago Iglesias
Las sociedades de economía mixta han sido utilizadas tradicionalmente como formas de gestión de servicios públicos en el ámbito local. Suprimido el contrato de gestión de servicios públicos, del cual constituían una modalidad, el objeto de este trabajo consiste en analizar si continúa siendo posible emplear esta fórmula para gestionar servicios públicos locales tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. En concreto, se trata de determinar si se puede crear este tipo de sociedades en el marco de los contratos de concesión de servicios y de los contratos de servicios, fórmulas contractuales previstas en la nueva norma para canalizar la gestión de servicios públicos.
{"title":"¿Es posible crear sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos locales en el marco de contratos de servicios y de concesión de servicios?","authors":"Diana Santiago Iglesias","doi":"10.24965/reala.i16.10965","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10965","url":null,"abstract":"Las sociedades de economía mixta han sido utilizadas tradicionalmente como formas de gestión de servicios públicos en el ámbito local. Suprimido el contrato de gestión de servicios públicos, del cual constituían una modalidad, el objeto de este trabajo consiste en analizar si continúa siendo posible emplear esta fórmula para gestionar servicios públicos locales tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. En concreto, se trata de determinar si se puede crear este tipo de sociedades en el marco de los contratos de concesión de servicios y de los contratos de servicios, fórmulas contractuales previstas en la nueva norma para canalizar la gestión de servicios públicos.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69142392","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-15DOI: 10.24965/reala.i16.10951
Ariana Expósito Gázquez
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha cambiado las perspectivas de desarrollo del teletrabajo dentro de la Administración Pública. El teletrabajo ha pasado de ser una figura cuya evolución estaba estancada, a presentarse como el modelo de organización del trabajo de la sociedad del futuro. En este sentido, la declaración del estado de alarma el 17 de marzo de 2020 se ha convertido en el punto de inflexión de su evolución: durante su vigencia, los empleados públicos han prestado sus servicios a través de esta modalidad, en todos los supuestos que la naturaleza de la actividad lo permitía; y una vez finalizado este, se ha continuado con esta práctica como consecuencia de que la situación epidemiológica no garantiza una protección adecuada del personal. El aumento (obligado) del uso de esta figura ha provocado su regulación para evitar la inseguridad jurídica de los empleados públicos. Sin embargo, este texto normativo es impreciso en algunos de los términos que utiliza, y demasiado flexible sobre las obligaciones que asumen las Administraciones Públicas.
{"title":"El marco normativo del teletrabajo en el empleo público: delimitación y análisis comparativo","authors":"Ariana Expósito Gázquez","doi":"10.24965/reala.i16.10951","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i16.10951","url":null,"abstract":"La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha cambiado las perspectivas de desarrollo del teletrabajo dentro de la Administración Pública. El teletrabajo ha pasado de ser una figura cuya evolución estaba estancada, a presentarse como el modelo de organización del trabajo de la sociedad del futuro. En este sentido, la declaración del estado de alarma el 17 de marzo de 2020 se ha convertido en el punto de inflexión de su evolución: durante su vigencia, los empleados públicos han prestado sus servicios a través de esta modalidad, en todos los supuestos que la naturaleza de la actividad lo permitía; y una vez finalizado este, se ha continuado con esta práctica como consecuencia de que la situación epidemiológica no garantiza una protección adecuada del personal. El aumento (obligado) del uso de esta figura ha provocado su regulación para evitar la inseguridad jurídica de los empleados públicos. Sin embargo, este texto normativo es impreciso en algunos de los términos que utiliza, y demasiado flexible sobre las obligaciones que asumen las Administraciones Públicas.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41880480","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-01DOI: 10.24965/reala.i12.10704
J. Garcías
En la tradicional legislación general básica sobre contratación pública, la sociedad de economía mixta era tratada como una modalidad de gestión indirecta de servicios públicos, tal y como se desprendía literalmente del art. 275 en relación con el 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011, pero también en el ámbito local, concretamente en el art. 85. 2. b de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Las sociedades de economía mixta han tenido que adaptar su contratación al régimen propio de la contratación pública de la ley 9/2017 de 8 de noviembre. La transición del derecho privado al derecho público ha tenido ciertas dificultades en gran medida por las deficiencias legislativas que una norma redactada para las administraciones públicas provoca cuando se aplica a poderes adjudicadores que no son administración pública. La complejidad de la contratación de esta figura no se agota con la ley de contratos del sector público, sino que alcanza la aplicación de otras normas originalmente destinadas a las administraciones. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre destina un título a la contratación de las sociedades de economía mixta, pero presenta importantes controversias que generan inseguridad jurídica y que son desarrolladas a lo largo del presente artículo.
{"title":"Los encargos a sociedades mixtas en la actual Ley de Contratos del Sector Público","authors":"J. Garcías","doi":"10.24965/reala.i12.10704","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i12.10704","url":null,"abstract":"En la tradicional legislación general básica sobre contratación pública, la sociedad de economía mixta era tratada como una modalidad de gestión indirecta de servicios públicos, tal y como se desprendía literalmente del art. 275 en relación con el 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011, pero también en el ámbito local, concretamente en el art. 85. 2. b de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Las sociedades de economía mixta han tenido que adaptar su contratación al régimen propio de la contratación pública de la ley 9/2017 de 8 de noviembre. La transición del derecho privado al derecho público ha tenido ciertas dificultades en gran medida por las deficiencias legislativas que una norma redactada para las administraciones públicas provoca cuando se aplica a poderes adjudicadores que no son administración pública. La complejidad de la contratación de esta figura no se agota con la ley de contratos del sector público, sino que alcanza la aplicación de otras normas originalmente destinadas a las administraciones. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre destina un título a la contratación de las sociedades de economía mixta, pero presenta importantes controversias que generan inseguridad jurídica y que son desarrolladas a lo largo del presente artículo.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45645439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-01DOI: 10.24965/reala.i12.10693
JuanCarlos Covilla Martinez
Los instrumentos de soft law pueden ser más efectivos para alinear a los gobiernos locales que los mecanismos tradicionales de coordinación, como los planes. Dos perspectivas explican la eficacia de estos instrumentos. En primer lugar, cuando un Gobierno local adopta políticas exitosas sugeridas por una administración pública con la intención de imitarlas. En segundo lugar, en el caso en el que una administración pública se ve constreñida por la falta de financiación y por ello no puede ejercer de manera adecuada sus competencias. Un instrumento de soft law podría funcionar mejor que un mecanismo tradicional de coordinación cuando se aprovecha de esta falta de financiación y emite una decisión para dirigir al gobierno local.
{"title":"El soft law como instrumento para dirigir al gobierno local","authors":"JuanCarlos Covilla Martinez","doi":"10.24965/reala.i12.10693","DOIUrl":"https://doi.org/10.24965/reala.i12.10693","url":null,"abstract":"Los instrumentos de soft law pueden ser más efectivos para alinear a los gobiernos locales que los mecanismos tradicionales de coordinación, como los planes. Dos perspectivas explican la eficacia de estos instrumentos. En primer lugar, cuando un Gobierno local adopta políticas exitosas sugeridas por una administración pública con la intención de imitarlas. En segundo lugar, en el caso en el que una administración pública se ve constreñida por la falta de financiación y por ello no puede ejercer de manera adecuada sus competencias. Un instrumento de soft law podría funcionar mejor que un mecanismo tradicional de coordinación cuando se aprovecha de esta falta de financiación y emite una decisión para dirigir al gobierno local.","PeriodicalId":56195,"journal":{"name":"Revista de Estudios de la Administracion Local y Autonomica","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45114351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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